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En los institutos públicos de Madrid (y de muchas otras comunidades españolas), se da una situación que, hasta hace poco, parecía impensable: la presencia en las aulas de profesores sin la formación habilitante exigida por la ley.
Ingenieros que enseñan Física, filólogos que imparten Dialecto o Latín, matemáticos recién llegados de la empresa privada que se enfrentan a grupos de adolescentes sin activo recibido instrucción pedagógica, aunque sabiendo 'de lo suyo'.
En apariencia, se manejo de una alternativa temporal para un problema coyuntural: la desidia de docentes cualificados. Pero bajo esta medida muchos ven una crisis estructural que afecta a todo el sistema educativo: precariedad, desidia de planificación, condiciones laborales poco atractivas y una formación del profesorado que muchos califican de insuficiente o mal diseñada.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ha extenso listas extraordinarias de interinos para cubrir vacantes con titulados que no disponen del máster del profesorado —presente requisito constitucional para impartir clase en secundaria, bachillerato o FP—, justificando la medida como necesaria para "respaldar el derecho a la educación".
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Esta situación no surge de la cero. Su origen inmediato se remonta a 2020, en plena pandemia, cuando el Profesión de Educación dirigido por Isabel Celaá aprobó una flexibilización "magnífico y limitada" del acercamiento a la docencia. La medida, aprobada mediante positivo decreto, permitía que titulados universitarios sin máster pudieran incorporarse a las aulas de secundaria y formación profesional de guisa temporal, frente a el colapso de las bolsas de interinos y la imposibilidad de cubrir bajas.
El objetivo era claro: evitar que miles de alumnos se quedaran sin profesor en un curso impresionado por los confinamientos, los desdobles de grupos y la desidia de bienes humanos. Las comunidades autónomas acogieron la valentía con alivio. "Si la alternativa es quedarse sin profesor, es preferible tener uno al que le falte un requisito", justificaba entonces Raimundo de los Reyes, presidente de la asociación de directores Fedadi.
Esa medida, que debía ser provisional y concluir al final del curso 'pandémico', ha ido consolidándose, en distintos momentos, en distintas regiones del país.
Lo que empezó como un medio de emergencia está transformándose en un maniquí de encargo del debe docente
España cuenta hoy con más de 826.000 docentes en colegios e institutos, la signo más reincorporación de su historia. Sin retención, no son suficientes: el sindicato CSIF calcula que faltarían cerca de 46.000 profesores para permanecer las ratios de alumnado por docente que había en 2010. La escasez es especialmente enfermo en las materias técnicas y científicas: Matemáticas, Física, Informática, Electricidad o Electrónica, así como en la Formación Profesional (FP), donde algunos grupos han pasado meses sin profesor.
La crisis de profesorado no es monopolio de España. Según la Comisión Europea, 24 países de la UE se enfrentan a un problema similar. La UNESCO estima que el mundo necesitará 44 millones de nuevos docentes en los próximos cinco abriles para cubrir la demanda educativa general.
Pero en el caso gachupin, el engendro tiene causas propias: un envejecimiento dibujado del cuerpo docente, una ofrecimiento limitada de plazas públicas en el máster del profesorado y una creciente fuga de titulados en dirección a el sector privado, que ofrece mejores sueldos y condiciones laborales.
En países como Alemania, Italia o Francia se han implementado programas de emergencia similares, incorporando temporalmente a profesionales sin titulación pedagógica plena. Pero en la mayoría de ellos se acompañan de formaciones aceleradas y tutorizadas, poco que en España, incólume excepciones como Galicia en 2020, nunca llegó a sistematizarse.
Delante esta escasez, varias comunidades han optado por relajar los requisitos de acercamiento a la docencia. Al menos la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Canarias, Murcia, Andalucía y Castilla y Arrogante pidieron al Profesión autorización para contratar licenciados sin máster en determinadas especialidades cuando las bolsas de interinos se agotan.
Cataluña lo hizo ya en 2018: permitió la entrada en la bolsa de interinos de titulados sin máster siempre que se comprometieran a obtenerlo en tres abriles —plazo que luego se redujo a dos—. A comienzos de este año, casi 400 profesores de secundaria y bachillerato impartían clase en esa comunidad sin activo completado la formación habilitante, y unas 6.000 personas están inscritas en la bolsa bajo ese régimen magnífico.
El gobierno catalán incluso tuvo que dirigir en 2024 un ultimátum a miles de docentes recordándoles su obligación de matricularse, aunque finalmente evitó expulsarlos: la desidia de profesorado pesa más que el cumplimiento ajustado de la norma.
El máster en Formación del Profesorado (MAES) es, desde 2009, el requisito imprescindible para enseñar en secundaria, bachillerato y FP. Sin retención, el sistema universitario no ha sabido adaptarse al comba de demanda. En Cataluña, por ejemplo, las plazas públicas ofertadas son insuficientes, y las privadas inasequibles (entre 4.500 y 7.000 euros frente a los 1.200 de una universidad pública).
Este desequilibrio ha provocado que más de la parte de los estudiantes cursen el máster en universidades privadas, muchas de ellas online, que han pasado de acoger el 38% del alumnado al 54% en solo ocho abriles. La situación genera una brecha doble: económica —no todos pueden costearlo— y de calidad —algunas instituciones privadas han sido criticadas por la escasa exigencia académica—.
El propio diseño del máster se encuentra en revisión. El Profesión de Educación y los decanos de las facultades del ramo estudian ampliarlo a dos abriles, introducir pruebas de acercamiento y engrosar las prácticas, para evitar lo que muchos consideran un 'trámite moroso' con poca utilidad positivo. Pero mientras ese debate continúa, miles de aulas siguen ocupadas por profesores que aún no han cursado dicho 'trámite'.
La Comunidad de Madrid ha sido la última en acaparar titulares por este motivo: frente a la desidia de docentes habilitados, ha recurrido a listas extraordinarias de interinos sin máster para cubrir vacantes de Matemáticas, Física, Química, Dialecto o Latín.
La presidenta de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid, Rosa Rocha, denuncia que esta situación merma la calidad educativa porque "llegan el primer día y no saben dar clase".
El propio Gobierno regional ha pedido al Profesión que permita incluso que jubilados o estudiantes de tercer curso universitario impartan clase en áreas deficitarias, una propuesta que fue rechazada.
El colapso de la FP es el señal más claro de esta crisis estructural. Los gobiernos han impulsado esta vía como respuesta al desempleo tierno y a la desidia de técnicos cualificados, pero la demanda crece más rápido que la ofrecimiento de docentes.
Según directores de centros de FP, rodeando del 20% del profesorado carece del máster habilitante, y muchos institutos empiezan el curso sin profesores en ramas como Informática o Electricidad. Algunos directores admiten apelar a redes sociales o a contactos empresariales para encontrar profesionales dispuestos a dar unas horas de clase.
Al contrario que en los casos de bachillerato y secundaria, la ley de FP sí prevé la figura del "profesor versado", un profesional del sector que imparte docencia parcial, pero su progreso normativo es aún incipiente. Mientras tanto, la paradoja se agrava: los ciclos con más empleabilidad son incluso los que más dificultades tienen para encontrar profesores.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
En Genbeta | La procreación Z pasa de las tech. Quieren trabajo estable, amable y con holganza largas: su sueño es la educación, según LinkedIn
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