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El Profesión de Sanidad liderado por Mónica García tiene la intención de desmantelar Muface y de integrar a los funcionarios en el Sistema Doméstico de Salubridad (SNS), según un noticia hecho manifiesto esta mañana, aunque hay prospección que afirman que no hay capacidad para ello.
Todo esto llega por un problema causado por la negativa de las principales aseguradoras de asistir al nuevo concierto. El noticia incluye un recordatorio de que estas empresas privadas demandan un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación.
Hace unos días nos hacíamos eco del gran caos que se ha generado en torno a Muface tras el rechazo de Adeslas, Asisa y DKV de participar en la subasta para renovar el anuencia con el Gobierno. Esto es poco que dejaría a 1,5 millones de funcionarios sin cobrar sanidad por parte de su mutua.
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Según el comunicado emitido ahora por el Profesión, "el contexto presente hace que, por primera vez en muchos abriles, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la subvención sanitaria pública sea una opción tanto viable como justo".
Así, el Profesión propone que los 1,5 millones de funcionarios, entre los que se encuentran profesorado y policías, que usan la mutualidad, pasen al sistema manifiesto tras una prórroga de nueve meses del presente convenio.
En esos nueve meses se plantea una incorporación paulatina teniendo en cuenta a pacientes inmersos en procesos terapéuticos que necesitan de una continuidad. Este perfil de personas serán los últimos que se traspasen al sistema retrete manifiesto.
En el noticia, el Profesión Sanidad argumenta, que “el maniquí Muface no es sostenible” explicando que ni este ni ningún otro sistema puede funcionar si no tiene un estudio de riesgos que permita practicar contrapesos entre los que demandan mucho el servicio asistencial y aquellos que lo usan menos, como recoge Gaceta Médica.
Como explica TVE, la incorporación de la totalidad de la población mutualista con aseguradora sanitaria privada supondría un incremento del 2,12% en el número de personas que recibirían prestación sanitaria pública. De ahí, Andalucía, Castilla y Bravo y Extremadura están entre las Comunidades Autónomas que tendrían que incorporar a un veterano porcentaje de personas al servicio de salubridad manifiesto.
Junto a aseverar que tras el anuncio, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato de trabajadores de administraciones públicas, se ha dirigido a los ministerios de Función Pública y de Sanidad para pedir explicaciones por el noticia y pidiendo al Gobierno una respuesta adecuada para dar servicios de salubridad a los funcionarios.
Imagen | Foto de Online Marketing en Unsplash
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