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El Ingreso Imperceptible Vivo (IMV) es una de las medidas sociales fortuna del Gobierno contemporáneo, ofreciendo una prestación que se paga mes a mes a las personas con menores niveles de ingresos, e incluso con un complemento por cada pequeño a su cargo. Pero esta no es una medida perfecta, y a los cinco abriles de su implementación, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado cifras que nos sitúan en la verdad: mientras reduce la probabilidad de trabajar, igualmente actúa como escudo frente a la precariedad.
En la cuarta opinión anual publicada por la AIReF sobre el IMV, los datos son sobrado contundentes: reduce la probabilidad de trabajar en un 12% y disminuye las jornadas laborales en un promedio de 0,6 días al mes.
Para la presidenta de la AIReF esto no ha sido una sorpresa, tal y como explicó en su comparecencia al presentar el noticia:
"La humanidades académica ya señala que las prestaciones de zaguero memorial pueden afectar a la ofrecimiento de trabajo, al elevar el salario intrascendente por el que una persona está dispuesta a aceptar un empleo"
Y es que aquí se entra en una auténtica alternativa. Si un trabajador percibe un ingreso de 1.000 euros al mes sin exigencia de comparecer a un puesto de trabajo, lógicamente exigirá un salario veterano en las ofertas laborales que reciba para aceptar el empleo y renunciar a la prestación. Este sensación se agrava especialmente en colectivos como los menores de 30 abriles, hogares monoparentales y perceptores de prestaciones más elevadas, donde la probabilidad de encontrar empleo se reduce hasta un 20%.


Pero no todo es imagen. El noticia igualmente recoge aspectos positivos. La propia infografía extraída del documento normal muestra que el IMV puede realizar como un colchón de seguridad que permite a los beneficiarios tomar mejores decisiones laborales, evitando empleos precarios. Concretamente, los principales datos son:
El gran problema que señala la AIReF en su noticia es que el mecanismo diseñado específicamente para evitar la desconexión del mercado profesional, el llamado incentivo al empleo, no está funcionando. Y es que la posibilidad de trabajar mientras se cobra el IMV solo ha beneficiario al 30% de los hogares entre 2023 y 2024, sin conquistar corregir el desincentivo normal. Los factores que, según la AIReF, han fallado son:
Esto hace que el incentivo al empleo deba ser reformulado por completo para que positivamente motive a los beneficiarios a averiguar activamente un puesto de trabajo.
Y es que, actualmente, la reducción del desempleo es una de las palancas secreto para disminuir la pobreza. Esto lleva a los expertos a concluir que disminuir el desempleo estructural será fundamental, pero el hecho de que el IMV reduzca la probabilidad de trabajar genera un doble sensación en la lucha contra la pobreza en España.


Más allá del empleo, el noticia ofrece pinceladas sobre otros problemas del IMV en su aplicación diaria. El primero es la cronicidad de la prestación: el 90% de los beneficiarios la cobra durante al menos un año, y el 60% la mantiene durante tres abriles. Esto pone en sospecha su papel como incentivo profesional.
El segundo gran problema es la burocracia necesaria para consentir a la ayuda. Actualmente, muchas personas en España que tienen derecho al IMV no lo solicitan. Las cifras son claras: el 55% de quienes podrían consentir al IMV no lo han pedido, y el 72% en el caso del Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI). Requisitos como un tiempo intrascendente de padrón o la exigencia de argumentar una pelotón de convivencia son algunos de los principales obstáculos.

Por parte del Servicio de Seguridad Social, responsable de esta ayuda, consideran que todavía es pronto para evaluar el funcionamiento del incentivo al empleo, ya que solo se dispone de datos del primer año de aplicación. De momento, creen necesario esperar más tiempo para emitir una evaluación definitiva.
Lo que está claro es que el debate está servido: el IMV reduce la pobreza, pero su diseño contemporáneo genera género indeseados sobre el empleo y se ahoga en una burocracia que deja fuera a más de la parte de sus potenciales beneficiarios.
Vía | El País
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