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Durante los últimos tiempos, el discurso desde Silicon Valley ha sido claro y coherente: los despidos masivos en las grandes tecnológicas —Google, Meta, Amazon, Microsoft, entre otras— se deben, delante todo, a la sobrecontratación realizada durante la pandemia y, más recientemente, al auge de la inteligencia sintético.
Sin retención, se alcahuetería de una explicación simplista que sólo oculta los resultados de un cambio poco conocido de la norma fiscal estadounidense: una modificación poco debatida de la constitución fiscal estadounidense que ha transformado radicalmente la forma en que las empresas financian su I+D.
Desde 1954, la Sección 174 del Código Fiscal de EE.UU. permitió a las compañías deducir de inmediato el 100% de los gastos en investigación y explicación (I+D). Esto no solo incluía la transacción de equipos o materiales... sino igualmente los salarios de miles de ingenieros y científicos.
Ese incentivo fiscal fue, en la praxis, el combustible que sostuvo la expansión del sector tecnológico durante siete décadas. Contratar a grandes equipos con sueldos elevados resultaba más asequible porque esos costos se descontaban íntegramente de la hechura fiscal.
Silicon Valley, tal y como lo conocemos hoy, sencillamente no habría existido sin ese solicitud permitido.
En 2017, bajo el gobierno de Donald Trump, se aprobó una gran reforma tributaria que redujo el impuesto de sociedades del 35% al 21%. O al menos, ese fue el cambio que centró la atención mediática, mientras pasaba casi desapercibida otra medida secreto: la modificación de la Sección 174.
A partir de entonces, las empresas dejaron de poder deducir de inmediato los gastos en I+D. En su área, debían amortizarlos en un periodo de cinco abriles (o quince en el caso de inversiones en el extranjero). En términos contables, esto convirtió a la innovación —que antaño un beneficio fiscal directo— en un compra pesado que inflaba los balances.
La medida actuó como una munición de tiempo: su impacto no se sintió de inmediato, sino hasta que las declaraciones de impuestos de 2022 reflejaron el nuevo régimen fiscal.
Durante 2020 y 2021, el auge del trabajo remoto, el consumo digital y la demanda de infraestructura en la estrato impulsaron un crecimiento explosivo de las tecnológicas. Muchas compañías aprovecharon ese contexto para contratar a decenas de miles de empleados adicionales.
Cuando los despidos comenzaron a avanzar en 2022 y 2023, la explicación oficial fue que se trataba de un "ajuste" tras la sobrecontratación en pandemia. Todavía se aludió a la exigencia de "reposicionar medios" frente a la irrupción de la inteligencia sintético generativa.
Pero esas excusas ocultaban la verdadera razón: las empresas ya no podían sostener plantillas sobredimensionadas sin el colchón fiscal que durante décadas había escaso el coste de la innovación.
El impacto fue devastador. Según las estimaciones, más de medio millón de trabajadores del sector tecnológico perdieron su empleo en 2022. Y no se trató solo de puestos "redundantes": gran parte de los recortaduras se concentraron en equipos de ingeniería e investigación, es sostener, precisamente en aquellas áreas que tradicionalmente habían sido las más protegidas por la deducción inmediata de la Sección 174.
De repente, los salarios de estos equipos dejaron de ser un "activo clave" subvencionado por el fisco para convertirse en un compra directo que restaba competitividad en el corto plazo.
Actualmente, existen iniciativas políticamente transversales en el Congreso estadounidense para restaurar la deducción inmediata de los gastos en I+D. Sin retención, el daño ya está hecho: los despidos masivos no solo han maltratado la honrado de la industria, sino que igualmente han escaso la capacidad de innovación a medio plazo.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
En Genbeta | “La gentío está muy enfadada”: se está produciendo un cambio mundial en cómo los jefes despiden a sus trabajadores
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