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El Gobierno de España ha anunciado la inminente aprobación de una medida destinada a combatir las ciberestafas y el spam telefónico: a lo liberal de este mes de febrero, una orden ministerial prohibirá a las empresas realizar llamadas comerciales desde números móviles.
Según declaraba ayer el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, la reglamento establecerá que sólo podrán utilizarse números con los prefijos '800', '900' o los propios de cada provincia.
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El fraude telefónico ha crecido en los últimos primaveras, afectando a millones de ciudadanos que reciben llamadas desde números móviles desconocidos. Estas comunicaciones, en muchas ocasiones, son intentos de cesión engañosa o estafas en las que los delincuentes pretenden suplantar la identidad de bancos y otras entidades de confianza.
La nueva reglamento pesquisa erradicar estas prácticas y allanar la identificación de llamadas comerciales legítimas. En palabras del ministro López,
"Es asegurar, no podrá tomar usted una emplazamiento comercial desde un móvil, que eso está pasando hoy. Nosotros recibimos desde un móvil, pensamos que es un conocido, un general, no sabemos quién es, y luego resulta que es una emplazamiento comercial. Esto quedará prohibido por la orden ministerial".
Sin retención, por elocuente que suene ese "no podrá tomar usted una emplazamiento comercial desde un móvil", no se establecen medidas para evitarlo más allá de la amenaza de multas.
Los lectores recordarán que ya se adoptó esa 'alternativa' hace unas meses con todas las llamadas comerciales no deseadas, y cuánto éxito ha tenido eso: el 98% de los usuarios sigue recibiendo spam telefónico un año luego de su prohibición.
Y siquiera es como si los números con prefijo provincial no puedan estar de moda para timos: el 91 (de Madrid) ya es ampliamente usado con ese fin
Poco a poco, España se va alineando con las regulaciones europeas en la lucha contra el fraude tecnológico: el ministro Óscar López ha subrayado que éste es solo un paso en el interior de un plan más amplio de protección digital.
Las empresas que incumplan esta nueva regulación se enfrentarán a sanciones económicas. Los ciudadanos podrán denunciar cualquier infracción delante la Oficina de Atención al Consumidor de las Telecomunicaciones, lo que en teoría permitirá un seguimiento efectivo del caso.
Pero, con la antedicho prohibición de llamadas comerciales no deseadas, ya observamos que el hecho de que muchos 'spammers' telefónicos operen desde el extranjero puede evitar que se tomen medidas reales contra los mismos.
El Gobierno asimismo contempla complementar en un futuro esta medida con otra más útil como es la creación de una colchoneta de datos gestionada por la Comisión Doméstico de los Mercados y la Competencia (CNMC), en la que se registrarán las entidades autorizadas a cursar SMS comerciales mediante identificadores alfanuméricos.
Los mensajes que provengan de entidades no incluidas en esta colchoneta de datos serán bloqueados de forma cibernética por los operadores: así, ningún estafador podrá cursar mensajes de texto firmando como "SANTANDER", "BBVA" o "DGT" (por ejemplo), como sí ocurre ahora mismo.
Esta medida, sin retención, no tiene aún aniversario de aprobación.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
En Genbeta | Spoofing: la ciberestafa que permite suplantar tanto e-mails como SMS y llamadas de voz
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