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La investigación por la filtración de secretos oficiales presuntamente cometida por el fiscal normal del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha hexaedro de bruces con un pared tecnológico: pese a los esfuerzos del sentenciador instructor del Tribunal Supremo, Santo Hurtado, y de la Dispositivo Central Operativa (UCO) de la Retén Civil, ni WhatsApp ni Google han podido recuperar uno solo de los mensajes previamente borrados por Ortiz.
La diligencia más esperada de esta instrucción concluye sin aportar prueba digital alguna, dejando al descubierto la extrema fuerza con la que García Ortiz eliminó toda información potencialmente incriminatoria.
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La causa jurídico investiga la presunta revelación de secretos vinculada a la difusión de la confesión escrita de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El documento, parte de un proceso jurídico por delitos fiscales, fue filtrado a la prensa en marzo de 2024, lo que originó un sobresaliente escándalo político y jurídico.
En el centro de la polémica quedaron Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez (fiscal provincial de Madrid), los dos señalados como posibles responsables de la filtración.
Frente a la solemnidad de los hechos, el sentenciador Hurtado ordenó un registro en el despacho del fiscal normal en octubre de 2024. Allí se incautaron de sus teléfonos móviles, pero para sorpresa de los investigadores, estos estaban prácticamente vacíos. Ni correos relevantes ni mensajes recientes. Todo había sido eliminado.
El mensaje de la UCO entregado al magistrado es sólido:
"No se han podido recuperar los mensajes vinculados a la cuenta que pudiesen ser de interés para la investigación [...] no existe ninguna información inédita de interés para la investigación".
En uno de los teléfonos intervenidos, ni siquiera se encontró asociada una cuenta de WhatsApp activa. Y en cuanto al otro, todos los mensajes antiguos habían sido eliminados meticulosamente de la cuenta. No se pudo recuperar ni una sola conversación vinculada a los hechos investigados.
La investigación se completó con comisiones rogatorias internacionales. Desde Irlanda, sede europea de WhatsApp, y Estados Unidos, donde se almacenan muchos de los datos de Google, se solicitaron los historiales de mensajes y correos del fiscal normal. Pero fue un esfuerzo esterilizado.
Por su parte, Google solo entregó un correo electrónico, fechado la misma perplejidad de la filtración, pero era uno que ya constaba en el sumario. En él, García Ortiz solicitaba obtener toda la información acondicionado, una recital que sus abogados consideran parte de su trabajo institucional y no prueba de filtración. Más allá de eso, ni vestigio de actividad electrónica.
El fiscal normal se ha defendido argumentando que su aniquilación sistemática de mensajes replica a protocolos de seguridad y protección de datos. De acuerdo con esta traducción, el borrado folleto es una praxis preventiva, no un intento de ocultación.
Sin bloqueo, la coincidencia temporal entre la tolerancia de la investigación y el cambio/borrado de teléfonos ha suscitado serias dudas al sentenciador instructor.
De hecho, la diligencia de recuperación de datos era una de las últimas esperanzas del sentenciador Hurtado para encontrar pruebas directas. La imposibilidad de entrar a los mensajes elimina de facto una camino secreto de investigación: comprobar si desde el entorno del fiscal normal se compartió de forma irregular la confesión de González Amador con terceros, incluidos medios de comunicación.
La investigación ha generado ya cerca de un centenar de resoluciones judiciales. El sentenciador ha interrogado a una decena de testigos, incluidos fiscales, periodistas y el propio Miguel Santo Rodríguez, superior de junta de Ayuso. A pesar de la magnitud del proceso, las pruebas materiales escasean. Ni siquiera los mensajes de la fiscal Pilar Rodríguez, cuya actividad fue revisada exhaustivamente, aportaron indicios concluyentes.
A estas jefatura, solo queda irresoluto una última afirmación: la del patrón Alberto González Amador, prevista para mayo. El prueba del novio de Ayuso podría aclarar si la confesión fue compartida con más personas que las reconocidas en su denuncia. Pero incluso esa testifical difícilmente podría suplir la desaparición de pruebas tecnológicas.
El caso ha despertado un inusitado debate sobre la capacidad de las autoridades para entrar a información digital eliminada. Aparentemente, las compañías tecnológicas no siempre almacenan copias de seguridad o metadatos que permitan recobrar historiales borrados.
Eso no es lo mismo que sostener que no permanece almacenado ni un solo documento del adjudicatario, pero si éste es íntegro en la aniquilación de rastros, la información relevante puede desaparecer sin dejar huella.
Tras este varapalo, el instructor se encuentra frente a un dilema: continuar el proceso sin evidencias claras o proceder al archivo. La defensa de García Ortiz ya ha solicitado el cerrojo del caso. Argumenta que no existen pruebas, ni materiales ni testimoniales, que demuestren que el fiscal normal filtró información a la prensa.
Todo apunta a que el futuro del caso dependerá del prueba de González Amador y de la interpretación jurídico de los indicios indirectos. Pero una cosa parece clara: los mensajes han desaparecido. Y ni Google, ni WhatsApp, ni los mejores peritos digitales de la Retén Civil han podido rescatarlos.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
En Xataka | Soy perito informático y estos son algunos de los casos más surrealistas en los que he trabajado
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