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A principios de 2022, el Gobierno logró sacar delante una reforma laboral de forma inesperada. Pudo conseguirlo con un voto equivocado de un diputado del Partido Popular. La intención tras la medida era ceñir uno de los grandes problemas históricos del mercado profesional castellano: la dualidad que producía la temporalidad.
La gran novedad era convertir el empleo temporal en "fijos discontinuos", de forma que los trabajadores que ayer finalizaban sus contratos cada cierto tiempo delante el cese de la actividad de su empresa o sector, ahora tenían una certeza: que volverían a su puesto de trabajo cuando hiciera yerro.
La reforma trajo consigo muy buenas cifras de contratación y protección y derechos para los antiguos trabajadores temporales. Pero, tal y como apuntaban los compañeros de Xataka en 2022, todavía traería consigo cifras no tan positivas en otros aspectos relevantes. En este sentido, tal y como repasaba el diario elEconomista.es con datos del Servicio de Seguridad y del SEPE, se han disparado los ceses de los trabajadores en período de prueba.
Con la reforma profesional se disparó el número de contratatos indefinidos que se firmaban. De aproximadamente un 10% se pasó a un 40%. Esto, de por sí, hizo que crecieran los contratos con período de prueba. Al crecer los contratos indefinidos, aumentaron tanto los despidos corrientes como los ceses en períodos de prueba, pero de forma desigual.
Comparando cifras de junio, las bajas han crecido un 542% desde 2019, más de 3,5 veces que los despidos de indefinidos. Contando el primer semestre al completo, las cifras se han disparado en un 352%, de 77.454 a 350.459 bajas. Adicionalmente, tal y como apuntaba El Mundo, las bajas de contratos temporales en período de prueba sí que caían un 46%, lo que demuestra que las empresas usan el período de pruebas para "despedir" a trabajadores sin los costes de indemnización asociados al despido de un fijo.
Esta verdad es conocida por Trabajo. La vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz ordenó proceder contra malos usos del período de prueba especialmente en lo que respecta a prolongar ilegalmente los plazos. Desde la Unión Europea se aprobó una directiva que persgeuía más transparencia sobre el período de prueba, pero España no la ha cumplido por no haberla traspuesto a tiempo.
El divisoria del plazo de aprobación en los Estados miembros era 2022, y España no aprobó el proyecto hasta febrero de 2024. El problema es que sigue sin entrar en vigor porque el texto adaptado está atascado en el Congreso, poco que, como ocurrió con la no aprobación de la reducción de etapa, demuestra la cariño del Ejecutante para aprobar leyes. La no aprobación de la directiva tiene, adicionalmente, consecuencias económicas: España se enfrenta a multas por incumplir los plazos.
Imagen | Annie Spratt y Vitaly Gariev en Unsplash
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