"Es la consagración del 'derecho a reparar'". Así es la norma propuesta por el Gobierno para promover el 'consumo sostenible'

El Gobierno castellano dio ayer luz verde al esbozo de la Ley de Consumo Sostenible, una norma que pretende reanimar los derechos de los consumidores y avanzar en la transición ecológica. Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Memorándum 2030 ha presentado este paquete asamblea como una revolución legislativa contra la obsolescencia programada, la publicidad engañosa y el consumo valeverguista.

Analicemos qué medidas concretas recoge para cumplir con dicho objetivo:

Obsolescencia programada: el punto musculoso del texto

Uno de los nociones más destacados de la propuesta es la prohibición de la obsolescencia programada, una experiencia industrial que acorta intencional y artificialmente la vida útil de los productos. Se pretende concluir con ella mediante...

• La ampliación de la señal: si el consumidor opta por reparar un producto en lado de sustituirlo, la señal se extenderá 12 meses más.
• La cofinanciación de reparaciones: los productores deberán hacerse cargo parte del coste de las reparaciones una vez finalizado el período procesal de señal (20% durante los dos primeros primaveras, 10% el tercero, 5% el cuarto).
• El paso a reparadores autorizados: se creará una plataforma digital para que los consumidores localicen y contacten con técnicos verificados.
• La disponibilidad de repuestos: se exigirá a los fabricantes que mantengan repuestos disponibles durante al menos diez primaveras tras cesar la producción del producto.
• La transparencia en software: quedará prohibido ocultar actualizaciones que deterioren el rendimiento o presentar como necesarias aquellas que solo mejoran funciones menores.

Estas medidas, que recogen el espíritu de directivas europeas recientes, representan sin duda un avance en términos de durabilidad de los productos. No obstante, su efectividad dependerá de cómo se fiscalicen y ejecuten: las grandes empresas tecnológicas ya han demostrado una sagacidad importante para eludir normativas a través de vacíos legales.

Contra el 'ecopostureo'

Otro objetivo obvio de la ley es combatir el 'greenwashing' o ecopostureo. A partir de su entrada en vigor, las empresas no podrán utilizar términos como "verde", "ecológico" o "biodegradable" si no presentan una cojín científica verificable. Incluso se prevé la anulación de marcas y nombres comerciales que induzcan a error mediante su nombre o logotipo.

En un mercado como el nuestro, saturado de términos medioambientales vagos y maleables, la vigilancia institucional resultará esencia.

Contra la publicidad de productos contaminantes

Incluso se veta la publicidad de:

• Combustibles fósiles como gasolina y diésel (si proporcionadamente el gas natural queda inexplicablemente exento).
• Vehículos que funcionan exclusivamente con combustibles fósiles.
• Vuelos de corta distancia (peninsulares) cuando exista una alternativa más limpia y con una duración adicional no superior a dos horas y media.

Contra el alarmismo en publicidad

La llamamiento "publicidad del miedo" será regulada para evitar el uso de escenarios catastróficos sin cojín estadística. Las empresas (a nadie se le escapa que es una norma dirigida contra el sector de alarmas y seguros) deberán aportar datos cuantitativos para demostrar las amenazas que comunican.

Si proporcionadamente esto apunta a una publicidad más responsable, la recta entre protección del consumidor y censura informativa podría ser difusa si no se regula con claridad.

Reduflación: más claridad en el supermercado

Otra experiencia que queda regulada es la reduflación, consistente en estrechar el contenido de un producto sin ajustar su precio. Las empresas deberán:

• Informar claramente en el envase cualquier reducción de cantidad o unidades sin descuento del precio.
• Hacerlo de forma inteligible y visible en el interior de un plazo de 90 días desde el cambio.

De esta forma, se evitará que el consumidor pague lo mismo por menos sin saberlo.

Reventa de entradas: un mercado reflexivo ¿bajo control?

La reventa abusiva de entradas, especialmente visible en conciertos y eventos culturales, además se enfrenta a nuevas limitaciones:

• Quedará prohibida la reventa con precios superiores al IPC, es sostener, no se podrá obtener un beneficio financiero más allá del ajuste por inflación.
• Se refuerza la prohibición del uso de bots para compras masivas de entradas, válido desde 2022, pero hasta ahora poco eficaz (como reconoció el propio ministro Bustinduy). Ahora, el Ocupación podrá aclarar expedientes sancionadores sin penuria de denuncia previa o intervención procesal.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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