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El Congreso de los Diputados ha recibido hoy una respuesta oficial del Gobierno a la pregunta planteada por el diputado del BNG, Néstor Rego, en relación con los controvertidos bloqueos masivos de direcciones IP solicitados por LaLiga. Allí de aplacar la preocupación ciudadana por lo que ya se describe como una forma de censura digital ajuste, la contestación del Ejecutor ha encendido nuevas críticas al atenerse a evidenciar estas acciones con cojín en el respeto a decisiones judiciales.
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Durante meses, miles de webs han gastado interrumpido su funcionamiento en España sin previo aviso y sin tener carencia que ver con la difusión no autorizada de eventos deportivos. Pese al debate social que estas medidas suscitaban, el diputado Néstor Rego ha sido el único en alzar la voz al respecto en sede parlamentaria.
A través de una pregunta escrita, Rego ha obligado explicaciones al Gobierno y denunciado lo que considera "prácticas abusivas y descontroladas" por parte de LaLiga y las operadoras. La preocupación no es beocio, pues la situación creada afecta a derechos constitucionales como el llegada a la información, la excarcelación de expresión o el habitual incremento financiero de las empresas.
Respuesta del Gobierno al BNG
La contestación oficial del Gobierno, emitida con data del 17 de junio, no entra en el fondo del asunto: se limita a cachear que los bloqueos existen y que provienen de una sentencia firme del Audiencia de lo Mercantil nº6 de Barcelona.
Igualmente confirma que empresas como Vodafone, Telefónica, Digi o MásOrange han actuado para aplicar esa resolución sumarial. Pero al mismo tiempo, el Ejecutor afirma no tener ganancia de gala; textualmente afirma que
"No puede sino respetar estas decisiones judiciales".
La remisión a la desestimación del solicitud de nulo interpuesto por Cloudflare y la asociación RootedCON sirve como coartada adicional: para el Gobierno, mientras no haya un nuevo pronunciamiento sumarial que invalide la sentencia original, su papel es el de solo observador.
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Uno de los medios más criticados de esta situación es la delegación efectiva de funciones judiciales a actores privados. LaLiga no sólo denuncia, sino que todavía identifica las direcciones IP a asediar, sin supervisión técnica directa por parte del audiencia. Este maniquí, que habría podido considerarse regular en contextos muy acotados, se ha convertido en un mecanismo con miles de afectados colaterales.
"La respuesta del Gobierno gachupin a la pregunta del BNG sobre los bloqueos indiscriminados del #LaLigaGate es sorprendente. ¿Dónde está la defensa de los derechos de las empresas y personas usuarias perjudicadas? Ya hemos presentado una PNL para que todas las fuerzas políticas del Congreso tengan que pronunciarse".
La presentación por parte del BNG de una Proposición No de Ley (PNL), anunciada por el diputado Rego en su tuit, forzará a todos los grupos parlamentarios a posicionarse públicamente. Hasta ahora, ni el PSOE ni el PP han mostrado interés en el asunto.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
En Genbeta | Telefónica ha quedado retratada en la guerrilla entre LaLiga y Cloudflare por los bloqueos masivos de IP. La operadora escoge banco
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