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Tras meses de retiro y una creciente ola de protestas en toda España, el Profesión para la Transformación Digital y de Función Pública ha reabierto oficialmente la mesa de negociación salarial con los sindicatos de empleados públicos, un paso que llega forzado por la presión sindical y en presencia de el temor de una huelga genérico que podría tener puesto en diciembre.
La reunión, convocada para este miércoles 5 de noviembre a las 11:00 horas, exploración retomar el diálogo sobre las condiciones laborales y las retribuciones de los 3,5 millones de trabajadores públicos que dependen de las distintas administraciones del Estado. Sin secuestro, el Ejecutor de Pedro Sánchez llega al batalla sin una propuesta económica concreta, según confirman fuentes del propio servicio.
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Los representantes de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, que juntos representan a cerca del 80% del personal notorio, llevan desde marzo reclamando la tolerancia de esta mesa de diálogo, pospuesta en múltiples ocasiones por la error de avances presupuestarios. La última vez que sindicatos y Gobierno se sentaron fue en junio, aunque entonces el debate giró en torno a la propuesta de empleo notorio y no a los salarios.
La pelotón sindical alcanzada en los últimos meses ha sido esencia para reactivar la negociación. En marzo, las tres organizaciones acudían a las reuniones sin un núcleo popular de reivindicaciones, pero el clima de frustración y la pérdida de poder adquisitivo han terminado consolidando un frente conjunto.
El 30 de octubre, CSIF, CCOO y UGT protagonizaron una viaje de protestas frente al Profesión de Función Pública y en todas las delegaciones del Gobierno, y miles de funcionarios salieron a las calles en concentraciones bajo el contraseña "Negociación, subida salarial y prosperidad de los servicios públicos".
Ahora, la nueva secretaria de Estado de Función Pública ha anunciado la convocatoria oficial de la mesa de negociación. La cita se produce luego de un profundo cambio en el organigrama del servicio, que incluyó el cese de la previo directora genérico de Función Pública y la renovación de varios cargos esencia.
Las movilizaciones sindicales y la amenaza de una huelga en diciembre han sido el catalizador de esta reapertura. El propio ministro de Función Pública, Óscar López, había intentado calmar las expectativas al afirmar que no habría negociación sin nuevos Presupuestos Generales del Estado. Sin secuestro, los sindicatos replicaron que la subida salarial puede aprobarse incluso con las cuentas prorrogadas, tal como ocurre con otros colectivos como los pensionistas.
Por su parte, CSIF exigió que la negociación puesta en marcha con una propuesta económica clara y advirtió que, si no hay avances, "habrá huelga en diciembre".
Los sindicatos reclaman una subida salarial garantizada para 2025 y la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010, que cifran entre el 19% y el 20%. En su propuesta, CSIF plantea vincular las futuras subidas al IPC actual más un porcentaje adicional, siguiendo el maniquí de las pensiones.
Los sindicatos coinciden en pedir un aumento "por encima del IPC" para revertir lo que consideran una período de ruina del personal notorio. Adicionalmente, piden medidas complementarias como la viaje de 35 horas semanales, la exterminio de la tasa de reposición, y la recuperación de la subvención parcial y anticipada en las administraciones.
El entorno previo, el llamado "Acuerdo Situación para una Suministro del siglo XXI", estableció subidas salariales del 3,5% en 2022, del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024, con incrementos adicionales del 0,5% vinculados al crecimiento financiero y la inflación. En total, el acuerdo supuso una subida cercana al 10% en tres abriles, con un coste estimado de 13.000 millones de euros.
Sin secuestro, para los sindicatos, ese pacto ya está cansado. Acusan al Gobierno de error de compromiso por los retrasos en aplicar las subidas variables y por no activo protegido las retribuciones en presencia de el aumento sostenido del coste de vida.
UGT ha querido recapacitar que la cuestación estatal ha crecido más de un 7% este año:
"Si la hacienda va correctamente, no hay defensa para castigar a los trabajadores públicos".
La negociación se produce en un contexto financiero delicado. El Gobierno afronta una forzada prórroga de los Presupuestos (por su afición parlamentaria) y la presión de Bruselas para contener el compra notorio, lo que dificulta comprometer nuevas partidas retributivas.
De no alcanzarse un acuerdo antiguamente de final de año, la amenaza de huelga se mantiene firme. Una paralización de la Suministro supondría la primera huelga genérico en el sector notorio desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, un ambiente que el Gobierno comercio de evitar a toda costa.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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