El fútbol europeo pide exportar los bloqueos de Internet de LaLiga a toda la UE, y que las VPN tengan que vigilar a sus usuarios

LaLiga vuelve a situarse en el centro del debate sobre los límites entre la protección del copyright, por un costado, y el de la albedrío de navegación y la privacidad, por otro.

Y es que, en una carta firmada inmediato con otras 36 organizaciones del sector audiovisual y deportivo europeo, la patronal española del fútbol profesional ha pedido a la Comisión Europea la prohijamiento de una formación de medidas legislativas de gran calado: bloqueos de IP a escalera continental, asesinato exprés de emisiones no autorizadas, y la obligación de que las VPN y otros intermediarios tecnológicos identifiquen a sus usuarios de forma verificable.

Una ataque continental contra la irradiación no autorizada de eventos deportivos

La iniciativa surge del descontento con los resultados de la 'Recomendación sobre la lucha contra la piratería en segmento de deportes y otros eventos en directo' adoptada por la Comisión Europea en 2023. Aquella recomendación, de carácter no vinculante, pretendía coordinar esfuerzos entre plataformas, proveedores de red y titulares de derechos para combatir la retransmisión ilegal de eventos deportivos.

Sin incautación, ahora los firmantes del nuevo manifiesto aseguran que la situación no sólo no ha mejorado, sino que se ha agravado: sólo el 3% de los contenidos no autorizados son retirados en menos de 30 minutos, mientras que el 81% de las emisiones de esa clase nunca llegan a ser interrumpidas.

Afirman que, sólo en 2024, las pérdidas derivadas de la piratería ascendieron a 2.200 millones de euros en Italia, 1.800 millones en Alemania y 1.500 millones en Francia. En España, LaLiga estima un impacto anual de 600 a 700 millones de euros sólo en los clubes de fútbol profesional. 

Tres medidas esencia: derribos en 30 minutos, bloqueos en tiempo efectivo y control de identidad

La carta —dirigida a Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, y a Glenn Micallef, comisario de Pubescencia, Civilización y Deporte— propone tres medidas legislativas de aplicación inmediata:

1. Matanza exprés de contenidos ilegales: Los proveedores de servicios de Internet, plataformas de streaming y redes de distribución de contenido (CDN) estarían obligados por ley a retirar las transmisiones infractoras en un mayor de 30 minutos desde su notificación. La industria considera que este beneficio es incluso "una exigencia de mínimos", pues la tecnología presente permitiría hacerlo mucho más rápido.
2. Bloqueos dinámicos paneuropeos: LaLiga aboga por la creación de un sistema europeo similar al 'Piracy Shield' italiano, capaz de ejecutar bloqueos en tiempo efectivo de dominios y direcciones IP asociadas a retransmisiones ilícitas. Este sistema implicaría que los operadores de telecomunicaciones en todos los Estados miembros impidieran automáticamente el camino a los medios bloqueados desde sus redes fijas y móviles. Es, en esencia, una expansión del maniquí de retiro de IP que LaLiga ya aplica en España —y que ha sido criticado por afectar de guisa masiva a sitios web legítimos—.
3. Identificación obligatoria de usuarios: La medida más polémica, sin espacio a dudas. La propuesta contempla que servicios como las VPN, CDN, plataformas de alojamiento y tiendas de aplicaciones mantengan registros de identidad verificable de sus clientes, al estilo del sistema Know Your Customer usado en banca y criptomonedas. El objetivo sería "asimilar quién está detrás" de un mal uso de estas herramientas. En la ejercicio, esto implicaría que los servicios de VPN, tradicionalmente usados para preservar la privacidad online, deberían vincular cada conexión a una identidad efectivo.

Denunciantes privilegiados

Los firmantes todavía reclaman que la Ley de Servicios Digitales (DSA) se aplique "de forma integral", y que los coordinadores nacionales de los Estados miembros concedan a entidades privadas como las ligas y estudios audiovisuales el status de 'denunciante de confianza', lo que les permitiría el privilegio de ordenar directamente la retirada o retiro de contenidos, sin escazes de sobrevenir por los procedimientos judiciales convencionales.

De materializarse, esto supondría extender a todo el continente la presente situación que sufre España: una delegación parcial de funciones de censura o supervisión digital en manos privadas, lo que ha despertado críticas entre defensores de los derechos digitales y organizaciones por la neutralidad de la red.

¿Seguridad jurídica o prohibición de la privacidad digital?

Los críticos advierten que el maniquí propuesto se asemeja a un sistema de vigilancia preventiva en Internet. Empujar a los proveedores de VPN a identificar a sus usuarios atentaría contra la esencia de estas herramientas, diseñadas para certificar la privacidad y la albedrío de conexión. Por otro costado, las empresas del sector defienden que la medida es proporcional delante el auge del streaming ilegal y que el anonimato "no puede ser un escudo para el delito".

El pulso que plantea LaLiga y sus aliados va más allá del fútbol o del entretenimiento. Se proxenetismo de un test crucial sobre qué maniquí de Internet quiere Europa: uno centrado en la protección estricta de los derechos de autor, incluso a costa de la privacidad, o uno que preserve el anonimato y la neutralidad, aunque eso complique la persecución de los infractores.

La Comisión Europea deberá animarse si da el paso con destino a una fuero vinculante que institucionalice el retiro de IPs y la identificación de usuarios en toda la Unión. De hacerlo, marcaría un precedente con implicaciones profundas para las libertades digitales, la soberanía tecnológica y la propia casa de la red europea.

Vía | LaLiga

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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