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Durante abriles, WhatsApp ha vendido su sistema de correo como un bastión infranqueable de la privacidad. Gracias al cifrado de extremo a extremo, prometía que nadie más que el emisor y el receptor de un mensaje podrían aceptar a su contenido, ni siquiera la propia empresa.
Sin incautación, un flamante escándalo de la política española (la presunta filtración de información confidencial por parte del fiscal caudillo del Estado, Álvaro García Ortiz) ha puesto a prueba esta afirmación: en su visible intento de borrar las huellas, el fiscal ha descubierto que, incluso en el mundo digital, mínimo desaparece por completo.
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En octubre de 2024, García Ortiz fue imputado por un delito de revelación de secretos: se le acusó de haber filtrado correos electrónicos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Ocho meses antiguamente, el abogado de González Amador había enviado un correo al fiscal Julián Brinco proponiendo un acuerdo de conformidad para guarecer dos delitos fiscales. Este correo, que debía permanecer en el ámbito privado de la investigación, fue luego difundido a los medios de comunicación, desatando una tormenta política y procesal.
La difusión de este correo confidencial llevó al Tribunal Supremo a desobstruir una causa contra García Ortiz por un supuesto delito de revelación de secretos. Durante la investigación, se descubrió que, el mismo día en que se había destapado esta, García Ortiz había eliminado sus mensajes de WhatsApp y su cuenta de Google. Encima, cambió de teléfono y reseteó el que había utilizado hasta ese momento.
Estas acciones levantaron sospechas sobre un posible intento de destruir pruebas relacionadas con la filtración, por lo que el Tribunal Supremo decidió investigar a fondo. Y lo que parecía un intento exitoso de aniquilación digital se convirtió en todo un estudio de caso sobre la persistencia de los datos en la era tecnológica.
El enjuiciador Gracia Luis Hurtado, encargado del caso, solicitó ayuda internacional a través de Eurojust (la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Legislativo Pena). La petición de datos se dirigió a las sedes irlandesas de Google y Meta, matriz de WhatsApp. Sin incautación, conveniente a la gobierno de datos desde Estados Unidos, las solicitudes terminaron en país norteamericano.
El resultado: tanto Google como WhatsApp han remitido al tribunal español archivos comprimidos en formato ZIP que contenían información relevante del caso. A día de hoy, el contenido exacto de estos archivos sigue siendo secreto, pero las primeras valoraciones del enjuiciador indican que la entrega de información fue "exitosa".
El proceso para recuperar la información supuestamente eliminada se apoya en tres hipótesis principales:
Aunque WhatsApp no puede aceptar a los mensajes por estar cifrados, sí almacena metadatos: quién habló con quién, cuándo y durante cuánto tiempo.
Encima, en este caso resultó esencia un detalle: la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez —con quien García Ortiz intercambió mensajes— no borró sus conversaciones. A través de su dispositivo, la Patrulla Civil pudo restablecer parcialmente el intercambio.
WhatsApp permite hacer copias de seguridad en la nubarrón, pero estas no están cifradas por defecto. Si el afortunado no activa el enigmático, plataformas como Google Drive pueden aceptar al contenido. Es posible que García Ortiz no protegiera estas copias, facilitando así que Google las entregara tras la solicitud procesal.
Aunque el fiscal reseteó su dispositivo, existen técnicas forenses que, con camino físico, permiten extraer información residual. En este caso, sin incautación, el borrado completo del teléfono hizo inviable esta opción, por lo que se priorizó la consecución de datos por otras vías.
La esencia de este escándalo no es solo tecnológica, sino política y jurídica. El enjuiciador sospecha que los mensajes de WhatsApp borrados podrían confirmar que la filtración de información confidencial partió directamente de la Fiscalía Común del Estado con destino a Presidencia del Gobierno, quien luego se lo habría hecho conmover a los medios. Esta conexión, de probarse, podría tener repercusiones legales de gran envergadura y un impacto político considerable.
Este caso incluso pone en el punto de mira a gigantes como Google y Meta. Aunque WhatsApp presume de su enigmático, la existencia de copias de seguridad no cifradas revela una vulnerabilidad esencia. Más aún, pone sobre la mesa el hecho de que estas empresas pueden aceptar esas copias cifradas bajo presión constitucional: el afortunado, a menudo sin saberlo, deja expuestos datos sensibles simplemente por no configurar correctamente su privacidad.
Y, por postrer, ahórrate problemas judiciales evitando filtrar información privada.
Imagen | Marcos Merino mediante IA + La Moncloa (fotomontaje)
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