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Para los internautas españoles, los últimos meses han estado marcados por las cada vez más frecuentes y masivas interrupciones en el comunicación a páginas web y plataformas cuya razón no ha residido en problemas técnicos fortuitos, sino en una destreza sistemática de retiro impulsada por LaLiga y Movistar para combatir la difusión no autorizada de contenidos deportivos mediante la vieja táctica de 'matar moscas a cañonazos'.
A estas cielo, es un clamor que esta destreza ha devenido en un caso de censura digital estafa que ya afecta a nuestros derechos fundamentales y al funcionamiento frecuente de la red.
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En presencia de esta situación, ha tenido que ser el único diputado del BNG (Pedrusco Nacionalista Gallego), Néstor Rego, el primer político de ámbito doméstico que ponga sobre la mesa este problema social en el Congreso de los Diputados: ha registrado una iniciativa parlamentaria que exige al Gobierno que intervenga de forma inmediata para frenar lo que describe como "prácticas abusivas y descontroladas" por parte de LaLiga y Movistar.
Según el BNG, estos bloqueos indiscriminados no solo están afectando a páginas de contenido dudoso, sino que están provocando la caída de webs legítimas, incluyendo espacios culturales, negocios y servicios institucionales como los de la RAE o incluso ayuntamientos.
En 2022, un audiencia de Barcelona autorizó a LaLiga a circunvalar determinados dominios implicados en la retransmisión no autorizada de partidos. La sentencia permitía el retiro "sin perjuicio de terceros", es opinar, siempre que no se afectaran sitios no relacionados con la piratería. Sin confiscación, esta condición ha sido, según denuncia el BNG, ignorada sistemáticamente.
Para el diputado Rego, resulta "incomprensible" que empresas privadas tengan la capacidad de aplicar medidas de censura sin control jurídico efectivo (no es lo mismo que la autorización previa que concede la sentencia) y, sobre todo, sin rendición de cuentas.
En su opinión, estamos asistiendo a una privatización de la jurisprudencia en el ámbito de lo digital, donde intereses comerciales prevalecen sobre los derechos ciudadanos.
El comunicación a la información, la dispensa de expresión y el frecuente exposición de actividades económicas están siendo vulnerados: se negociación de derechos recogidos en la Constitución Española
Pese a la importancia de los hechos, el Gobierno castellano ha mantenido hasta ahora una talante pasiva. Consultado por medios como El País, el Empleo para la Transformación Digital se ha circunscrito a afirmar que "respetan las decisiones judiciales" (pese a las furibundas invectivas que han animado contra los jueces en otros ámbitos en los últimos días), sin valorar las consecuencias de su aplicación indiscriminada.
Siquiera otros partidos políticos han reaccionado, a pesar de que sectores como el tecnológico, cultural y periodístico han comenzado a mostrar preocupación por el maltrato del ecosistema digital en España. Ahora, unos y otros se verán obligados a retratarse en el debate parlamentario.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
En Genbeta | "Hemos pasado de ingresar 70.000 euros al mes a 40.000": así están afectando los bloqueos de LaLiga a las webs con Cloudflare
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