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En los últimos abriles, los avances tecnológicos han transformado profundamente nuestra forma de movernos, comunicarnos y, todavía, de esquivar la ley. Uno de los fenómenos más populares que ha surgido en este contexto es el conocido como "método gallego", una experiencia que consiste en avisar a otros conductores la ubicación de controles policiales y radares en las carreteras.
Pero ahí donde, hace unos abriles, los conductores se limitaban a avisar a sus compañeros de carretera de la presencia policial dándoles las luces, ahora son los grupos de WhatsApp o Telegram los que permiten difundir la ubicación de controles policiales y radares en las carreteras. Y, si correctamente todo comenzó como una iniciativa regional en Galicia, hoy es ya toda una red franquista que desafía a las autoridades de tráfico.
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El método es tan simple como efectivo. A través de las principales aplicaciones de transporte, los conductores de una misma región se organizan en grupos para compartir información en tiempo actual sobre la ubicación de controles de alcoholemia, radares móviles y otros puntos de vigilancia de la Destacamento Civil. Puntada un mensaje tipo "Radar en la N-550, a la pico de Padrón" para que cientos o miles de personas reduzcan su velocidad o eludan ese tramo.
Hexaedro que los grupos de WhatsApp pueden tener hasta 1.000 miembros, y los canales de Telegram tienen capacidad para 200.000 usuarios, la difusión de estos avisos es masiva y rápida. La popularización de esta experiencia ha generado un emoción directo: la fuerza de los controles de tráfico ha disminuido notablemente.
"El problema es que los guardias civiles hemos pasado de controlar a ser controlados", afirma Antonio Hidalgo Romero, dirigente de la Agrupación de Tráfico en Galicia. En su comunidad, esta experiencia es especialmente problemática conveniente a la cosmografía: carreteras en forma de telaraña, muchos cruces y población diseminada. Con un simple aviso, es practicable evitar los controles.
Pero el problema no se limita a Galicia. La Dirección Universal de Tráfico (DGT) ha confirmado que el aberración se ha extendido a toda España, erosionando la capacidad disuasoria de los radares y controles.
Aquí es donde la cuestión se vuelve difusa: avisar de la presencia de un radar o control no es ilegal per se. Al fin y al lado, plataformas como Google Maps, Waze o SocialDrive ya incluyen esa funcionalidad.
Sin incautación, podría decirse que la diferencia radica en la intención y coordinación: cuando cientos de usuarios se organizan para eludir las normas de circulación, un enjuiciador puede ganar a considerar que el enfoque pasa de ser colaborativo a potencialmente delictivo.
Todavía puede alegarse que estos grupos pueden ser igualmente utilizados por delincuentes para esquivar a la policía durante operaciones de búsqueda o huida. Al compartir información sobre los controles, los ciudadanos podrían estar ayudando a criminales a escapar, sin saberlo.
De hecho, ya ha habido casos en los que se ha multado a administradores de grupos por tramitar estas redes, pero no bajo la Ley de Tráfico, sino acogiéndose a la Ley de Seguridad Ciudadana (artículo 36.23), por uso no calificado de datos o imágenes de agentes.
No obstante, estas sanciones tienen un gravedad acotado, y la DGT reconoce que se necesita una almohadilla reglamentario más clara.
La reacción de la Destacamento Civil y la DGT no se ha hecho esperar. Encima de campañas de concienciación, se están implementando controles exprés —que duran solo 15 minutos y cambian de ubicación— y controles dinámicos, en los que las patrullas detienen vehículos al azar sin obligación de un punto fijo.
Asimismo, se está valorando el uso de IA y de radares móviles aleatorios no señalizados, con el fin de anticiparse a las conductas infractoras y devolver la fuerza al sistema de vigilancia.
Todavía se ha propuesto en el Congreso una reforma de la Ley de Tráfico que tipifique como infracción muy enfermo "proporcionar información que dificulte o impida la quehacer de control del tráfico". Pero de momento, esta reforma sigue en trámite, bloqueada no sólo por la contemporáneo situación política, sino todavía por el difícil compensación entre defender el derecho a la información y la seguridad pública.
Vía | Motorpasión
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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