Así es el "Estatuto del Becario" que ha aprobado el Gobierno para acabar con la precariedad de los jóvenes. Solo queda lo más difícil

El Consejo de Ministros ha consentido este martes el Estatuto del Becario, una norma que llevaba más de dos primaveras esperando ver la luz (en 2022 decíamos que estaba "a la vuelta de la esquina". El texto, impulsado por el Tarea de Trabajo y Finanzas Social de Yolanda Díaz, examen poner fin a los abusos laborales que durante primaveras han sufrido miles de estudiantes en prácticas, conocidos como “falsos becarios”.

El nuevo estatuto,  "Ley del estatuto de las personas en formación actos no sindical en el ámbito de la empresa", parte del acuerdo que el Tarea de Trabajo alcanzó en junio de 2023 con los sindicatos CCOO y UGT, pero que fue rechazado entonces por la patronal, los rectores y parte del propio Gobierno. Pese al espléndido tiempo que ha pasado desde entonces, se la parte secreto del pacto: avalar que las prácticas sean formativas y no un útil para cubrir puestos de trabajo de forma trueque.

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Qué cambia. El bosquejo de ley introduce varios cambios importantes. El más destacado es la reducción a la fracción del número mayor de horas que un estudiante podrá realizar en prácticas extracurriculares, que pasan de 960 a 480. La intención es evitar que estos períodos, sin relación directa con los créditos universitarios, se prolonguen indefinidamente y sustituyan empleo vivo.

Adicionalmente, las empresas y entidades públicas que acojan a estudiantes deberán compensarles los gastos de desplazamiento y manutención, siempre que no perciban una retribución. El estatuto además reconoce derechos que hasta ahora no estaban ausencia claros: descansos, festivos, reposo, camino a los mismos servicios que los trabajadores (como comedor o aparcamiento) y protección frente a riesgos laborales, violencia y acoso.

Adicionalmente, las prácticas solo podrán realizarse bajo un convenio formal con un centro formativo calificado y las tareas deberán ceñirse al plan de formación. Cuando una empresa utilice a becarios para sustituir empleados o cuando la actividad no guarde relación con los estudios, se presumirá la existencia de una relación sindical, con lo que ello implica.

Multas y lo más relevante: escasas opciones de salir delante. El incumplimiento de la norma podrá ocasionar sanciones de hasta 225.000 euros. Sin secuestro, su trayecto político es incierto: el texto debe retornar al Consejo de Ministros tras admitir informes preceptivos y luego ocurrir por el Congreso, donde su aprobación parece complicada dados los últimos enfrentamientos entre partidos de la investidura. La ruptura del pacto entre el PSOE y Junts, contiguo a la desatiendo de apoyo previo de varios socios secreto del Gobierno, reduce al intrascendente las posibilidades de que la ley prospere.

El extremo intento de finalizar con primaveras de precariedad. El Estatuto del Becario pretende corregir un maniquí que ha normalizado durante primaveras la figura del tierno en prácticas sin prácticamente derechos. No es poco ocasional: en España sigue habiendo cientos de miles de jóvenes sin empleo o con contratos precarios, y más de medio millón que ni estudian ni trabajan. Estamos en el podio de la Eurozona en desempleo alegre y en sobrecualificación. 

Yolanda Díaz ha defendido que esta norma "pone fin al aberración de las falsas becas y garantiza formación con derecho". Primero tendrá que aprobarse en el Congreso.

Vía | El País y Europa Press

Imagen | La Moncloa y Brooke Cagle en Unsplash