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El auge de Airbnb, Booking y otras plataformas que permiten el arriendo de casas particulares para viajeros son un éxito que ha traído todavía consecuencias negativas para el día a día de las personas. Una de ellas es el encarecimiento del precio de la vivienda. Muchas personas deciden destinar sus pisos vacíos a turistas que van a respaldar más por su uso, que a inquilinos a holgado plazo.
Eso ha llevado a una regulación por parte de diferentes Comunidades Autónomas o ciudades. Aunque ya hemos trillado que esas regulaciones generalizadas no siempre sirven para frenar a los grandes fondos de inversión con capacidad de comprarse un edificio firme o varios y convertirlos en alquileres para el turismo.

Pues ahora, desde Airbnb poco que reclaman es que la código no está pensada para otra ingenuidad tan propia de la demografía española: los pueblos, las zonas rurales.... la España vaciada, donde hay pocos alojamientos destinados al turismo y muchas propiedades vacías.
Jaime Rodríguez de Santiago, director universal de Airbnb para España y Portugal, en un encuentro con medios de comunicación ha comentado que Francia sí tiene una ley que contempla las diferencias y anima a nuestro país a fijarse en el vecino.
A principios de este año, la empresa ya había denunciado que considera que el modelo que plantea el gobierno refuerza una crematística basada en el turismo masivo de la industria hotelera -concentrado en las ciudades y la costa-, y "olvida a las zonas rurales" o a los alojamientos de particulares.
En la habilidad, no es lo mismo el problema que están sufriendo las ciudades y los lugares tradicionalmente turísticos donde se han comprado masivamente viviendas para alquilarlas a turistas, que un pueblo poco conocido, donde los turistas pueden ir de guisa ocasional.

Es sostener, en su protesta se centran en que la regulación generalizada no diferencia entre "ciudades y destinos en España que tienen en el turismo de masas y en la concentración de la actividad turística un enorme desafío" y en sitios pequeños de zonas rurales donde el precio de la vivienda no es un problema y donde muchas personas no viven por la desatiendo de oportunidades y de empleo. Y de ahí, que la regulación se adapte a las micción de áreas menos frecuentadas y conocidas, típicamente rurales.

En su denuncia, Airbnb afirma que "las autoridades han centrado sus normativas en condicionar los alquileres de corta duración sin tener en cuenta consideraciones importantes, como la ubicación (rural o urbana) o el tipo de actividad (ocasional o dedicada)".
Ahora vuelve a la cara con las mismas propuestas que había presentado el pasado mes de enero. Según El Economista, los pueblos españoles recibieron más de 5.300 reservas en 2024 y generan empleo lugar. Una de sus peticiones es que se establezcan zonas rurales exentas de las restricciones que sí resultan pertinentes en las ciudades. Luego, en julio, su planteamiento fue eximir a los municipios de menos de 10.000 habitantes las restricciones urbanas a los pisos turísticos.
Según datos oficiales, en 2018, la mayoría de las reservas en Airbnb correspondían a entornos urbanos, pero en 2023 la proporción se ha invertido: el 55% ya se concentra en destinos no urbanos.
Puede ser por el interés en dirección a estos lugares o por cómo ha sido subiendo el precio de los pisos turísticos, como el propio CEO de Airbnb ha lamentado sin ponerse opción alguna, mientras que los viajeros pueden encontrar lugares más asequibles en sitios más desconocidos y poco frecuentados.

Como recoge El Economista, un estudio de Afi encargado por la plataforma Airbnb, calcula que hasta 13 millones de turistas se alojaron el pasado año en municipios de menos de 10.000 habitantes, con un pago total de 5.563 millones de euros, de los cuales el 57% se destinó a restauración, comercio y ocio.
A este respecto no es un secreto la desigualdad de oportunidades, de renta media y de comunicación a trabajos existente en España entre las ciudades y las zonas rurales. Desde la Unión Europea han abordado este tema comentando cómo las zonas rurales de toda la Unión Europea se enfrentan a retos sistémicos a holgado plazo, como la despoblación, la disminución de la población activa, la escasez de servicios esenciales e inversiones insuficientes para reponer oportunamente a la transición ecológica y digital.
Imagen | Foto de Alex Kulikov en Unsplash
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