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El debate en torno al camino de menores al porno ha escalado en la memorándum política. En España, la Ley de Protección de los Menores en el Entorno Digital, actualmente en proceso de tramitación parlamentaria, contempla desde controles parentales obligatorios hasta elevar la permanencia mínima para redes sociales de 14 a 16 primaveras.
Con el camino masivo de menores a contenidos para adultos en la red, la Unión Europea sondeo dotarse de mecanismos legales y tecnológicos eficaces para repasar online la permanencia de los usuarios. En este contexto, la Comisión Europea ha seleccionado a nuestro país para liderar un piloto en ese sentido, utilizando como cojín la polémica aplicación conocida popularmente como el 'pajaporte'.
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Bautizada oficialmente como Cartera Digital Beta, la aplicación fue presentada en julio de 2024 por el entonces ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá. El objetivo era repasar de forma anónima si un heredero es longevo de permanencia antaño de permitirle lograr a contenidos para adultos online.
A pesar de su promesa de disponibilidad para finales de ese mismo verano, la app ha ido sufriendo retrasos y va camino de cumplir un año de vida sin que haya llegado a implementarse. Actualmente, de hecho, sigue en proceso de certificación por parte del Centro Criptológico Franquista, sin cuya aprobación no puede datar a lanzarse. Su expansión, sin confiscación, ha resultado secreto para que la Comisión Europea eligiera a España como país piloto en su plan de comprobación digital de permanencia.

La Comisión Europea ha iniciado un tesina piloto para desarrollar herramientas digitales de comprobación de permanencia que sean interoperables entre los Estados miembros. España, adyacente a Francia, Grecia, Dinamarca e Italia, forma parte de esta iniciativa con un doble objetivo: respaldar que los sistemas sean seguros desde el punto de instinto técnico y, al mismo tiempo, respetuosos con la privacidad de los usuarios.Adicionalmente, debe tratarse de una posibilidad armonizada a nivel europeo, similar a la usada para los certificados de prevención durante la pandemia.
La cojín legítimo para esto es el reglamento eIDAS2, que obliga a todos los Estados miembros a contar con sistemas de identidad digital seguros antaño de noviembre de 2026. La Cartera Digital Beta española se alinea con esta norma, al permitir una comprobación de permanencia sin compartir información personal más allá de la mayoría de permanencia.
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La app española almacena una credencial de mayoría de permanencia emitida por el Gobierno, que puede ser consultada por plataformas online. Este proceso sondeo permanecer el anonimato del heredero. Sin confiscación, desde el principio han surgido críticas técnicas y de privacidad: expertos en protección de datos han señalado que, si no se implementa correctamente, cualquier sistema de comprobación de permanencia puede poner en peligro la intimidad digital.
Uno de los principales desafíos para que este tipo de sistemas funcionen es la colaboración de las webs de contenido para adultos: muchas páginas podrían no incorporarse al sistema por temor a perder tráfico, como ya ha ocurrido en pruebas piloto realizadas en España: un caso alegórico fue el de la web española Cumlouder, que implementó un sistema similar y vio caer su tráfico en un 85%.
Aylo, empresa matriz de Pornhub y otras plataformas, ha manifestado públicamente su apoyo a la comprobación de permanencia, pero advierte que muchas legislaciones actuales son “ineficaces, irregulares y peligrosas” para la privacidad de los usuarios. Su posición es clara: la comprobación debe realizarse en el dispositivo del heredero, no en la web, y sin acumular información personal.
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Curiosamente, pese a no contar ella misma aún con una tecnología viable de comprobación de permanencia, ayer mismo supimos que la Comisión Europea había extenso expedientes a cuatro conocidas plataformas pornográficas —la propia Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos— por no cumplir con la Ley de Servicios Digitales (DSA), que exige medidas eficaces para evitar el camino de menores a contenidos para adultos.
Según la Comisión, estas páginas no habrían implementado sistemas adecuados de comprobación de permanencia, ni siquiera evaluado los riesgos que sus contenidos podrían tener sobre el bienestar físico y mental de los menores. Las infracciones podrían trasladar multas de hasta el 6% de su facturación universal.
Otro de los problemas regulatorios con los que tiene que porfiar la UE radica en que solo las plataformas de gran bombeo de usuarios están bajo supervisión directa de Bruselas: las más pequeñas deben ser controladas por los países miembros, lo que complica la vigilancia en presencia de el contenido en gran medida compartido entre webs.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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