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Que un enjuiciador insulte a una funcionaria es poco inaceptable. Que quien insulta aún no sea magistrado, sino un simple pretendiente a enjuiciador sustituto, no sólo es inaceptable, sino además una desacierto, como ha podido comprobar el sujeto en cuestión tras confirmarse su restricción del lista de plazas concedidas.
Ha tenido que ser una decisión del Tribunal Supremo la que confirme la no idoneidad del candidato en cuestión para el prueba de funciones jurisdiccionales en el año procesal 2024/2025 tras insultar por correo electrónico a una funcionaria del Tribunal Superior de Honestidad de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
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El protagonista del caso fue inicialmente considerado como posible candidato para el cargo de enjuiciador sustituto en la provincia de Valencia, habiendo sido baremado con 0,74 puntos en función de sus méritos profesionales.
Sin incautación, tras una revisión del expediente y a raíz de una serie de correos electrónicos enviados a una funcionaria del TSJCV, la Sala de Gobierno del tribunal decidió excluirlo de la propuesta final.
Las comunicaciones escritas incluyeron, entre otras, frases como las siguientes:
"En primer división, usted es imbécil, no ve que hay 200 certificados de billete en procesos, exclúyame que la denunciaré por prevaricación administrativa, va a ver entonces si soy abogado o no".
"Es increíble la cantidad de prepotentes y de gilipollas que hay en los juzgados de España, 20 primaveras llevo aguantándolos".
Estos correos, enviados en distintas fechas, fueron considerados por la Comisión Permanente del Consejo Normal del Poder Procesal (CGPJ) como "objetivamente vejatorios", incompatibles con los principios éticos exigidos para el desempeño de la función procesal.
El pretendiente recurrió la osadía administrativa delante el Tribunal Supremo, alegando que el contenido de los correos fue fruto de un "momento de indignación", motivado por una conversación telefónica previa con tono inapropiado iniciada por la propia funcionaria. Adicionalmente, señaló que pidió disculpas y atravesaba una situación personal complicada.
No obstante, el Tribunal Supremo desestimó estos argumentos: la Sala Sexta de lo Contencioso-Oficinista consideró que el comportamiento del candidato no era compatible con la dignidad y ejemplaridad que se exige a quienes aspiran a desempeñar funciones jurisdiccionales.
La sentencia subraya que los insultos fueron realizados de forma escrita, reiterada en el tiempo y dirigidos tanto a una persona concreta como al colectivo de funcionarios judiciales, lo que anula cualquier atenuante basado en una reacción puntual e impulsiva.
La osadía procesal se fundamenta en varios principios legales. El artículo 201.3 de la Ley Orgánica del Poder Procesal y el artículo 92 del Reglamento 2/2011 de la Carrera Procesal establecen que, si proporcionadamente se valoran méritos como la experiencia profesional o docente, estos pueden decidir anulados por la constatación de desatiendo de idoneidad.
Esto es, la aptitud para desempeñar funciones jurisdiccionales no solo depende de las cualificaciones objetivas, sino además del comportamiento ético y el respeto institucional.
La sentencia además invoca los 'Principios de Bangalore sobre la conducta procesal', aprobados por Naciones Unidas, que establecen que la idoneidad para el cargo procesal implica no solo competencia jurídica, sino además integridad, respeto institucional y conducta profesional impecable.
El mensaje institucional es claro: no hilván con conocer el Derecho: hay que demostrarlo además en las formas, el tono y el respeto en dirección a quienes integran el engranaje procesal
Uno de los argumentos centrales del recurrente fue que se había disculpado delante la funcionaria y delante el tribunal. Sin incautación, tanto la Comisión de Calificación como el Tribunal Supremo coincidieron en que estas disculpas no eran suficientes para revertir el proceso de inidoneidad, especialmente porque los correos no fueron una única golpe emocional, sino una serie de comunicaciones ofensivas mantenidas a lo extenso del tiempo.
El Tribunal apuntó que una desatiendo aislada podría ser valorada en su contexto, pero la reiteración y la reserva de las expresiones utilizadas reflejan una posición incompatible con los títulos que deben regir el poder procesal.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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