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El hacker Alcasec fue detenido hace unos días tras una operación instruida por la Audiencia Doméstico para determinar exactamente cómo funcionaba la red que vendía los datos obtenidos de guisa ilícita y cómo se blanqueaba el parné. Ahora, gracias a una investigación de Notorio, hemos podido enterarse que el Concejo de Madrid contrató los servicios del talentoso hacker.
La Oficina de Protección de Datos del Concejo de Madrid firmó un acuerdo de colaboración con la empresa Havenio Technology SL, de la que Alcasec es administrador. El acuerdo, valorado en 9.196 euros, establecía que el trabajo a realizar consistiría en una auditoría de algunas de las aplicaciones móviles municipales.
Este acuerdo se llevó a lengua entre el 27 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y, lógicamente, ha hecho saltar todas las alarmas, teniendo en cuenta el historial de Alcasec. Por ello, fuentes del Concejo han confirmado que los técnicos han comprobado que, tras el paso del hacker por sus instalaciones, no se han detectado "brechas de seguridad".


Uno de los artífices de este acuerdo fue su propio abogado, Francisco Martínez Vázquez, quien actualmente incluso se encuentra detenido por ser considerado una aposento esencia en la estructura criminal de Alcasec. Precisamente, la jueza que instruye el caso apunta que el ex número dos del Servicio del Interior "medió" para conseguir este y otros contratos.
Por otra parte de su papel como mediador, incluso se le sitúa como creador de dos sociedades que funcionaban como "fachadas legales" de la actividad ilícita. Las dos empresas, Havenio Technology SL y Horus Corp SL, según la instrucción, se utilizaron para “canalizar ingresos ilícitos, emitir facturación simulada y parecer una actividad económica lícita”.
Por otra parte, desde una de ellas se administraba remotamente un servidor que almacenaba un gran barriguita de datos robados de la DGT, Hacienda, Puertos del Estado, empresas energéticas y otras entidades. Estos datos se comercializaban después de forma "masiva", vendiéndolos a grupos criminales.

El propio abogado de Francisco Martínez afirmó durante su enunciación en la Audiencia Doméstico que intentaba reinsertar a su cliente en la sociedad, "reconduciéndole desde el cibercrimen hasta la ciberseguridad", aunque con poco éxito. Más allá de esto, sostiene que la creación de estas dos compañías y la prestación de asesoramiento son fruto de sus funciones como abogado.
Otra de las instituciones públicas implicadas es la UNED, con la que se estuvo negociando un convenio de colaboración a través de correo electrónico con el propio Francisco Martínez. En este caso, la colaboración iba a centrarse en “desarrollar acciones de investigación, divulgación y formación” en materia de ciberseguridad, aunque finalmente no se concretó.
Imágenes | Desola Lanre-Ologun
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