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Hace una semana, la Comisión Europea lanzó una consulta pública sobre una posible nueva reglamento que obligaría a los proveedores de servicios de telecomunicaciones y digitales a conservar metadatos de los usuarios por un período "legítimo y menguado".
Esta medida, destinada a apoyar investigaciones penales, ha despertado fuertes críticas por parte de defensores de la privacidad: denuncian que se prostitución de una forma ajuste de reintroducir mecanismos de vigilancia masiva que han sido previamente declarados ilegales por los tribunales europeos.
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Aunque muchas veces se minimiza su importancia, los metadatos —como direcciones IP, identificadores de dispositivos, registros de suscriptores y tiempos de conexión— pueden revelar información profundamente íntima. No es necesario conocer el contenido de una conversación para entender con quién se comunica una persona, con qué frecuencia, desde dónde, y en qué momento del día.
Al irse sumando tandas y tandas nuevos metadatos, éstos permiten trazar mapas detallados de hábitos, relaciones afectivas, creencias religiosas, afiliaciones políticas e incluso circunstancias médicas.
El Tribunal de Honradez de la Unión Europea (TJUE) ha ido invalidando reiteradamente los sucesivos intentos de imponer la retención generalizada e indiscriminada de metadatos.
En una sentencia histórica de 2014, el tribunal anuló la Directiva de Retención de Datos de la UE por representar una "dificultoso injerencia en los derechos fundamentales". Fallos posteriores, como uno de 2020, reafirmaron que solo pueden permitirse retenciones específicas, limitadas en trascendencia y sujetas a un control fiel.
Incluso una evaluación interna filtrada en 2023 advirtió que, aun disfrazando estas prácticas bajo nuevos nombres —como 'cribado de metadatos de comunicaciones'—, no se lograría cumplir con los principios de proporcionalidad y vigencia establecidos por la justicia europea.
La Comisión plantea distintos caminos para sortear los posicionamientos del TJUE, desde herramientas no vinculantes como formularios estandarizados para solicitudes de datos, hasta una posible reforma del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas para imponer nuevas obligaciones en materia de retención de datos.
Estas medidas se aplicarían dependiendo del tipo de investigación penal y podrían incluir golpe a datos que, en palabras de la propia Comisión, son "profundamente personales".
Como contrapeso, promete incorporar "salvaguardias adecuadas". sin bloqueo, muchos expertos advierten de que ningún mecanismo técnico o sumarial puede eliminar los riesgos inherentes a la creación de gigantescos almacenes de datos sobre el comportamiento de los ciudadanos.
Así, activistas y expertos en privacidad alertan que permitir la existencia de bases de datos tan sensibles abre la puerta a abusos, usos indebidos y ataques por parte de terceros. La historia ha demostrado que los datos recolectados para un propósito suelen terminar reutilizándose con otros fines, ampliando así el trascendencia de la vigilancia.
La consulta pública permanecerá abierta hasta el 18 de junio de 2025. Seguidamente, está prevista una consulta formal en el segundo trimestre de 2025, con un posible croquis constituyente en los primeros meses de 2026.
Vía | Reclaim the Net
Imágenes | Marcos Merino mediante IA
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