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El Servicio de Derechos Sociales, Consumo y Memorándum 2030 acaba de anunciar esta mañana que le ha impuesto a Airbnb el asedio de más de 65.000 anuncios "ilegales", según el propio Servicio, de viviendas turísticas alojados en su plataforma.
El Ministro Pablo Bustinduy insta, así, a la filial en Irlanda, que es donde Airbnb tiene su sede europea, un total de 65.935 anuncios "al considerarlos ilícitos por contravenir la legislatura sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos".
Desde el Gobierno dicen que los mencionados anuncios vulneran la legislatura de las diferentes comunidades autónomas. Cerca de recapacitar que, entre las medidas del Gobierno para poner coto a los alquileres masivos de pisos turísticos, hace unos meses se anunciaba un rastreo a todos los anuncios en Airbnb y Booking con una empresa de estadísticas.
Desde la Dirección Genérico de Consumo argumentan tres razones para testimoniar la ilegalidad de los 65.935 anuncios de pisos turísticos que se detectaron en Airbnb.
La primera es que esos anuncios no incluyen el número de inmoralidad o registro, poco obligatorio en varias normativas autonómicas y que "supone la infracción más global en la publicidad que ha sido analizada".
En segundo división, los anuncios no indican la naturaleza jurídica de quienes arriendan. Es proponer, que no indican si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para conocer si quien contrata está protegido como consumidor o no.
Finalmente, la tercera razón es que los anuncios incorporan números de inmoralidad que no corresponden a los expedidos por las autoridades.
En todos los casos, encima, como concretan desde el Servicio, se alcahuetería de viviendas completas de uso turístico, no aparecen anuncios de habitaciones individuales.
El Servicio de Derechos Sociales y Consumo explica que ya ha enviado tres resoluciones en los últimos meses a la empresa que ordenan la retirada de un total de 65.935 anuncios de viviendas turísticas. A esto, Airbnb recurrió en tribunales la hecho de Consumo.
Ahora un coche del Tribunal Superior de Probidad de Madrid sobre la primera resolución respalda la iniciativa del Servicio que dirige Bustinduy.
Los anuncios sobre los que se ha pronunciado el Tribunal Superior de Probidad de Madrid en el coche afectan a la publicidad de viviendas turísticas que se encuentran en las comunidades de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.
Imagen | Foto de Oberon Copeland @veryinformed.com en Unsplash
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