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Los gobiernos cada vez son más insistentes en tener el control de los contenidos que se suben a Internet por una sencilla razón: es una útil a la que todo el mundo puede penetrar. Por ello mismo, quieren proteger a los menores de penetrar a contenido restringido para adultos o eliminar el entrada a herramientas que impulsen el terrorismo, que ofrezcan contenido sobre extralimitación de niño o cualquier otro acto ilícito.
En Reino Unido llevan primaveras pensando la forma de tocar este tema y llegaron a la conclusión de establecer una serie de normas que toda plataforma digital debiera cumplir si no quiere estar expuesta a multas de gran calibre. El conocido 'Online Safety Act' (Ley de Seguridad En Semirrecta de Reino Unido) entra en vigor hoy 17 de marzo, y cubre más de 100.000 plataformas accesibles desde el Reino Unido, entre ellas Google, Facebook, X, Reddit u OnlyFans.
El organismo regulador digital inglés Ofcom comenzará desde ya a aplicar una serie de normas sin precedentes establecidas por el Online Safety Act, que obligan a las plataformas y servicios en radio a animar sus mecanismos de control y protección.
Esta reglamento, que ya viene marcando pautas desde mediados de diciembre del año pasado mediante la exigencia de una evaluación de riesgos sobre contenidos ilegales (con data remate el 16 de marzo), supone un cambio radical en la forma en la que se gestionan los contenidos en Internet.
Bajo esta nueva legislatura, las compañías deberán mejorar sus sistemas de moderación y los procesos de notificación para detectar y eliminar contenidos ilícitos. Esta serie de leyes ponen peculiar vigor en la protección de menores y de colectivos vulnerables, exigiendo medidas proactivas que garanticen un entorno en radio seguro.
Para sitios web que alojen contenido pornográfico o potencialmente perjudicial, se contempla adicionalmente la implantación, a partir de julio de 2025, de sistemas de verificación de edad. Estos controles podrán apoyarse en la presentación de un documento de identidad o en tecnologías de estimación de permanencia mediante el investigación de una fotografía, la cual será eliminada seguidamente.
El equivalente que tenemos en España es la 'Cartera digital beta', o como coloquialmente se le hace remisión en redes: 'pajaporte'. Si perfectamente no es una medida que aún se encuentre válido, la idea del Gobierno es que el sucesor pueda penetrar a contenido pornográfico una vez se haya completado la demostración de permanencia, posible a través de una aplicación vinculada a nuestro DNI.
El Online Safety Act marca un ayer y un posteriormente en la regulación del entorno digital en el Reino Unido
El incumplimiento de estas obligaciones no está exento de severas multas. Las empresas que no se adapten a la legislatura podrían confrontar sanciones económicas de hasta 18 millones de libras o el 10% de su facturación mundial, aplicándose siempre la cuantía decano. Encima, los directivos de las compañías infractoras se arriesgan a penas de calabozo de hasta dos primaveras. Más allá de las multas y las condenas penales, Ofcom dispone de la potestad de retirar la presencia digital de aplicaciones y sitios web que no cumplan con la legislatura, lo que podría implicar su limitación del mercado inglés.
La reglamento albarca a más de 100.000 servicios online, desde gigantes tecnológicos como Facebook, Google o X hasta plataformas como Reddit y OnlyFans. Las empresas deben adoptar medidas para combatir no solo la difusión de fraude, terrorismo y material de extralimitación sexual de niño, sino asimismo otros daños como el fomento del suicidio, la difusión de pornografía extrema o la saldo de drogas.

Con el objetivo de evitar incumplimientos, Ofcom ha publicado códigos de conducta que establecen una serie de medidas que las plataformas deben seguir. Entre ellas, se encuentra la ocultación, por defecto, de los perfiles y ubicaciones de menores a usuarios desconocidos. Todavía se exige la implementación de herramientas que permitan a las mujeres estrechar y silenciar a quienes las acosen. Otra medida esencia es la creación de canales específicos para denunciar casos de fraude digital. Encima, se insta a las empresas a utilizar tecnología de “hash matching” para identificar y organizar la propagación de imágenes ilícitas, tanto de terrorismo como de “revenge porn” o contenido íntimo no consentido.
En este contexto, diversas voces del ámbito tecnológico y forense han manifestado tanto su apoyo como sus reservas. Tal y como muestran desde The Guardian, el secretario de Tecnología, Peter Kyle, aseguró que la lucha contra los contenidos ilegales es “solo el principio” y enfatizó que "en los últimos primaveras, las empresas tecnológicas han considerado la seguridad como poco secundario. Eso cambia hoy".
Por otro banda, Jon Higham, director de política de seguridad en radio de Ofcom, manifestó su preocupación al señalar que, pese a las recomendaciones, muchas de las plataformas más grandes aún no han implementado todas las medidas exigidas: "No creemos que ningún de ellos esté cumpliendo todas las medidas", aseguraba.
Encima de ello, expertos legales como Mark Jones, han destacado que estas medidas suponen una transformación radical en la gobierno de contenidos nocivos, obligando a las empresas a "adoptar una postura proactiva frente a los riesgos". No obstante, la legislatura asimismo ha sido objeto de críticas. Por ejemplo, el vicepresidente estadounidense JD Vance ha manifestado que, según su opinión, la autodeterminación de expresión en el Reino Unido está “en retroceso”. En respuesta a estas inquietudes, Peter Kyle declaró que "nuestras normas de seguridad en radio no están sujetas a negociación. Están en los estatutos y seguirán estándolo".
El Online Safety Act marca un ayer y un posteriormente en la regulación del entorno digital en el Reino Unido. Al imponer obligaciones estrictas y establecer sanciones severas, la reglamento no solo rebusca erradicar contenidos ilegales y proteger a los usuarios más vulnerables, sino que asimismo sienta las bases para una gobierno más responsable de la seguridad en Internet a nivel universal. Eso sí, para ello los gobiernos comenzarán a tener más control sobre el contenido en radio y la información de los usuarios, un precio que no todo el mundo estará dispuesto a retribuir.
Imagen de portada | Christin Hume
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