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La teledifusión de eventos deportivos en directo es poco que mueve mucho moneda; más aún si estamos hablando de fútbol en Europa. Y el suspensión precio de lograr a dichas emisiones no hace sino impulsar la 'inventiva', con el consiguiente auge de las IPTV.
En este contexto, varios países europeos han endurecido ya sus medidas contra estas emisiones no autorizadas (que nos lo digan a los que intentamos usar Internet en España los fines de semana), pero la nueva fuero en Grecia ha ido un paso más allá, convirtiendo a los usuarios en el nuevo objetivo de las sanciones.
Tradicionalmente, la lucha de los titulares de los derechos del fútbol se ha centrado en asediar los servidores que distribuyen contenido no acreditado y en rastrear a quienes se lucran con él. Sin retención, Grecia ha implementado una legislatura que sanciona directamente a quienes consuman estos servicios, estableciendo multas que oscilan entre 750 y 5.000 euros.
Este cambio de organización rastreo crear un emoción disuasorio más potente y resumir el consumo de soluciones IPTV. Las sanciones varían según el tipo de infracción:
Este maniquí, que recuerda al ya vivo en Italia, ha sido recibido con preocupación tanto por usuarios como por expertos en derechos digitales, quienes cuestionan tanto su viabilidad como lo acordado de la propia paquete.

Uno de los principales desafíos de esta ley radica en la dificultad de rastrear a los consumidores del contenido en cuestión: mientras que los distribuidores de IPTV pueden ser identificados a través de direcciones IP y transacciones económicas, los usuarios finales suelen apelar a métodos que complican su detección: pagos con criptomonedas, redes VPN, servidores proxy...
Por otra parte, al igual que ocurre con los bloqueos promovidos por LaLiga en España, la medida podría afectar a personas inocentes: un caso global es el de aquellos que comparten su red WiFi con terceros sin conocer sus hábitos de navegación. ¿Podría un propietario ser multado por la actividad de un vecino o un emparentado? Son ese tipo de cosas las que suscitan la polémica en torno a esta legislatura.
En Italia, el maniquí perseverante es similar al difícil, con sanciones económicas a los usuarios finales. La pregunta que muchos se hacen ahora es si España seguirá o no por este mismo camino. Por ahora, las acciones contra los consumidores han sido limitadas a envíos de cartas intimidatorias exigiendo compensaciones económicas, sin que se haya consentido una ley con multas directas.
Más allá de la persecución admitido, es necesario analizar las razones por las que la IPTV sigue siendo una opción tan atractiva para millones de usuarios. Un autor secreto es el suspensión coste de los servicios oficiales. Tener llegada a todo el fútbol en España a través de plataformas legales puede aventajar los 100 euros mensuales, una monograma prohibitiva para muchos.
La historia ha demostrado que la mejor modo de combatir la piratería no es solo con sanciones, sino ofreciendo alternativas accesibles. Ejemplos como Netflix o Spotify evidencian que, cuando se ofrece un servicio a un precio arreglado (y con una buena experiencia de agraciado), el consumo ilegal disminuye drásticamente.
Imagen | Marcos Merino mediante IA + Pixabay
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