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Ya hemos analizado cómo la gentrificación y la expansión de nómadas digitales llegados desde muchos países del mundo sin control, a países con menos capital, está encareciendo enormemente la vida en muchas ciudades. España, con unos ingresos menores que sus vecinos del septentrión de Europa, tiene ese problema (ya hemos recogido testimonios de parentela de Tenerife y hemos hablado de la situación de Barcelona).
En lugares de América Latina como México o Colombia incluso hay un problema similar aunque más causado por los vecinos de Estados Unidos que llegan a estos países. Por ejemplo, se calcula que 1.6 millones de estadounidenses están en México, según datos del State Department.

Al mismo tiempo, hemos analizado en muchos reportajes la influencia de Airbnb y otras plataformas que permiten ofrecer alquileres vacacionales en la subida de los precios de la vivienda. Y es que no es solo una actividad de particulares, que incluso, sino que muchas grandes empresas y fondos de inversión han comprado edificios enteros para hacer un gran negocio con los alquileres a corto plazo.
Ahora, México quiere ponerle cierta regulación, pero está teniendo problemas y Airbnb tiene un amparo para que no se lleven a lugar todas las normas. Y aquí vamos a ver cuáles son.
En la Ciudad de México, la regulación de los alquileres vacacionales se realiza a través de modificaciones a las leyes de Turismo, Vivienda y Reconstrucción Integral. La reforma entró en vigor el 15 de octubre de 2024.
En 2022, la Ciudad de México había firmado un polémico acuerdo con Airbnb y la ciudadanía salió a la calle para protestar, alegando que la empresa contribuía al desplazamiento y la gentrificación.

La reacción llevó a la ex alcaldesa y ahora Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum a entablar conversaciones con 10 ciudades de EE.UU. y Europa para conocer mejor las medidas adoptadas por las autoridades para regular los alquileres temporales, entre ellas Barcelona (comunicación recientemente por poner un tope al arrendamiento y hacer que muchos fondos de inversión hayan decidido mirar nuevas regiones).
Entre otras medidas, el gobierno de la Ciudad de México limitó a 180 días al año, mayor, como tiempo para poder arrendar una vivienda cada año como arrendamiento vacacional. La iniciativa incluso prohíbe que las viviendas de carácter social y las que han sido reconstruidas con capital públicos sean rentadas con este maniquí temporal. Es una medida popular en muchos lugares del mundo.
Hace unos días, Airbnb informó que presentó un amparo contra las reformas en la Ciudad de México que restringen los alquileres temporales. “Para continuar apoyando a la comunidad de anfitriones y en verdad promover una igualdad de oportunidades y condiciones a través de una regulación torneo, Airbnb presentó una demanda de amparo en contra de la Ley de Turismo de la Ciudad de México y su Reglamento”, indicó en un comunicado este miércoles.

La empresa alega que "los individuos más afectados por restricciones como las que se han impuesto son ciudadanos reales que dependen de las plataformas como Airbnb para complementar sus ingresos al compartir sus espacios".
Según ellos, "cerca de del 80% de anfitriones en la ciudad nada más comparten un solo espacio en la plataforma; 78% de los anfitriones indicaron que ofrecer su espacio no es su fuente principal de ingresos sino más aceptablemente una forma de obtener ingresos extra; y 53% indicó que el ingreso obtenido a través de Airbnb les ha permitido quedarse en sus casas".
En el amparo la plataforma argumenta que esta regulación, que impone un divisoria del 50% de noches al año para los anfitriones, fue desarrollada sin considerar las preocupaciones de todos los actores involucrados, afectando principalmente a los ciudadanos locales
Imagen | Wikimedia
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