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Cada vez es más global que tanto individuos como instituciones sean víctimas de estafas y accesos no autorizados a sistemas informáticos. Sin requisa, cuando los objetivos son instituciones públicas (y especialmente aquellas con menos medios, como los ayuntamientos) las consecuencias de estos ataques pueden ser cualquier cosa menos nimias.
En las últimas semanas, decenas de municipios se han enfrentado un amenazador incremento de ciberataques, según se hace eco el ABC. Los hackers no sólo han logran paralizar sus sistemas mediante ransomware, sino que incluso exigen el cuota de rescates por sus sistemas y/o datos, sumiendo a los ayuntamientos en un caos (páginas web inhabilitadas, sedes electrónicas o sistemas de control de semáforos inutilizables, etc.) que pone en evidencia la vulnerabilidad tecnológica de las instituciones públicas.
Dos ejemplos pueden ilustrar el difusión de estos ataques en todo el distrito gachupin. En octubre de 2023, el Concejo de Sevilla sufrió un ciberataque que mantuvo suspendida su sede electrónica durante más de 40 días.
Año y medio antaño, las fuerzas del orden habían detenido al responsable de hackear los sistemas de los ayuntamientos de Granda y de Madrid para desviar boleto sabido en torno a sus propias cuentas manipulando el número de cuenta de las nóminas de los funcionarios.
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Uno de los principales retos para los ayuntamientos más pequeños es la yerro de bienes. Municipios con presupuestos limitados, como La Acebeda, cuyo presupuesto anual es de tan pronto como 62.000 euros, tienen dificultades para alterar en soluciones avanzadas de ciberseguridad. Sin requisa, la amenaza no distingue entre grandes y pequeños; todos los municipios son vulnerables.

Incluso en localidades más grandes, como Brunete o Galapagar, donde los bienes son mayores, la preocupación incluso es palpable: Rafael Jordán, responsable de sistemas del Concejo de Brunete, destaca la importancia de contar con apoyo especializado:
"Todos hemos sufrido algún ataque [y cuando eso ocurre] se siente uno muy solo, muy nervioso, y llamas a todos los teléfonos que puedes".
La magnitud del problema es evidente en las cifras proporcionadas por el Concejo de Madrid, que sufrió 9.872 ciberincidentes entre marzo de 2023 y abril de 2024, estando uno de ellos clasificado como de "agravación muy entrada". Este círculo refleja una verdad preocupante: muchas instituciones carecen de protocolos sólidos y bienes suficientes para preparar y carear estos ataques.
Por ello, la Comunidad de Madrid ha reforzado su organización de ciberseguridad a través de la puesta en marcha de una Agencia de Ciberseguridad. Este organismo cuenta con un equipo especializado, al que apodan "los hombres de desventurado", que interviene directamente en casos de ciberataques para mitigar daños y restaurar sistemas comprometidos.
En este contexto, la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid ha atrevido un software de formación dirigido a responsables municipales, especialmente en localidades pequeñas, para enseñarles a manejar cibercrisis.

Los cursos, impartidos en el Centro de Innovación de la Consejería, abordan temas como la detección de amenazas, la ordenamiento de comités de crisis y la implementación de medidas preventivas.
Estos cursos están diseñados para objetar a una falta urgente: preparar a los ayuntamientos para carear los desafíos de la ciberseguridad. La formación incluye simulaciones de ciberataques que permiten a los asistentes tantear situaciones reales y practicar los pasos necesarios para contener y resolver incidentes.
Según Emilio Rico, el formador que imparte estos cursos, el enfoque se podio en cuatro etapas secreto: detección, contención, erradicación y perfeccionamiento para evitar futuros ataques. Los participantes incluyen desde concejales y alcaldes a técnicos en informática, como en el caso de La Acebeda, un pequeño municipio con tan pronto como 67 habitantes.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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