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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Capital Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Salario Exiguo Interprofesional (SMI) experimentará una "subida importante" en 2026. El anuncio llega en un momento de entrada tensión entre el Ejecutante y la patronal, luego de que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se negara a participar en la mesa de negociación sobre la reforma del despido, lo que Díaz calificó como "una conducta propia de la extrema derecha".
En una entrevista concedida a TVE, la líder de Sumar adelantó que el Gobierno no solo prevé un incremento relevante del SMI, sino igualmente una revisión del ámbito lícito que regula su aplicación, con el objetivo de "eliminar los obstáculos que hoy entorpecen el incremento" y evitar que las empresas absorban las subidas a través de otros complementos salariales
Este posterior punto constituye el matiz más relevante del anuncio, pues supone un cambio estructural en la forma en que el salario pequeño impacta en la retribución actual de los trabajadores.
Desde que Yolanda Díaz asumió la cartera de Trabajo, el SMI se ha incrementado un 54% —de los 735 euros en 2018 a 1.134 euros mensuales en 2025—, siguiendo la hoja de ruta de situarlo en el 60% del salario medio, en itinerario con las recomendaciones de la Carta Social Europea.
Díaz reconoció que esto no era una cuestión ideológica, sino de cumplimiento normativo, dando a entender que incluso un Gobierno del Partido Popular estaría obligado a implementar esta reforma, dictada por las instituciones comunitarias.
Sin incautación, la titular de Trabajo introdujo un matiz esencia: la reforma de la norma que regula el SMI. Según Díaz, muchos trabajadores no llegan a beneficiarse plenamente de las subidas porque algunos convenios colectivos permiten la impregnación de complementos salariales. Esto implica que, aunque el salario pequeño suba, el sueldo final no cambia en la ejercicio para determinados empleados.
Por ello, el Gobierno planea "proteger la subida del SMI" frente a esas prácticas, modificando el texto lícito para impedir que los incrementos sean compensados con otros pluses.
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El anuncio se produce en paralelo a un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutante y la patronal. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha rechazado asistir a la mesa de diálogo social sobre la reforma del despido, alegando que "la premisa principal no es cierta", es aseverar, que dicha reforma fuera otra obligación derivada del derecho europeo.
Díaz afirmó que España no cumple actualmente con la Carta Social Europea, ya que la indemnización por despido "se fija de antemano" sin atender a circunstancias personales como la vida, el productos o la decadencia del trabajador. Según la sentencia europea que motiva la reforma, el sistema castellano vulnera el principio de proporcionalidad y debe ser corregido.
"El despido es emancipado [en España] y casi gratuito", afirmó Díaz, reconociendo que la aplicación del nuevo ámbito podría elevar los costes del despido, aunque insistió en que no se negociación de una subida directa impuesta por ley, sino de un ajuste en la valoración procesal de cada caso.
La subida del SMI para 2026 —aún sin cuantificar oficialmente— se enmarca en una coyuntura económica de crecimiento moderado y desaceleración inflacionaria, lo que, a entendimiento del Tarea, ofrece beneficio suficiente para seguir impulsando los salarios más bajos sin poner en aventura la competitividad empresarial.
En paralelo al debate sobre la indemnización por despido, el Tarea de Trabajo ha iniciado una nueva itinerario de influencia norma con un bosquejo que exploración resolver nulos los despidos que se produzcan como represalia contra trabajadores que denuncien irregularidades o casos de corrupción en sus empresas.
El anuncio fue realizado por Díaz en el Senado, donde defendió que "vamos a hacer desde el Tarea de Trabajo una reforma integral del despido para evitar las represalias delante denuncias de corrupción". La iniciativa amplía la Ley 2/2023 de Protección del Informante, que actualmente prohíbe este tipo de despidos, pero no establece expresamente su inútil, es aseverar, la obligación de readmitir al empleado despedido.
El bosquejo —actualmente en consulta pública hasta el 30 de octubre— plantea modificar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Reguladora de la Término Social para reanimar la protección del denunciante. Con esta reforma, si un enjuiciador concluye que el despido fue una represalia, la empresa deberá readmitir al trabajador y respaldar los salarios de tramitación, en espacio de someterse a una indemnización económica.
Según el Tarea, el hueco contemporáneo genera una "protección desigual" entre el sector sabido —donde los despidos de represalia ya son nulos— y el sector privado, donde suelen considerarse improcedentes.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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