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En Cantabria, un ciudadano sin partido, sin cargo y sin más altavoz que sus redes sociales ha acabado lo que muchos consideraban difícil: mover al Gobierno regional a hacer conocido un software que hasta hace poco permanecía en secreto (obstaculizando así la emancipado concurrencia a contratos públicos), y defender en los tribunales su derecho a denunciarlo.
El nombre de ese ciudadano es Jaime Gómez-Obregón (ya os hemos hablado de su costura en múltiples ocasiones), y su historia se ha convertido en un ejemplo de cómo la vigilancia ciudadana puede doblegar tanto la opacidad administrativa como los intentos de silenciar la crítica pública mediante los tribunales.
El conflicto comenzó con una denuncia en redes sociales. Gómez-Obregón, conocido hacker y proselitista por la transparencia en la contratación pública, advirtió que el Gobierno de Cantabria exigía en algunas licitaciones tecnológicas el uso de un conjunto de componentes informáticos propios, un framework interno del Ejecutor regional. Hasta ahí, mínimo irregular.
El problema es que ese software no estaba publicado en ningún punto accesible al conocido: los únicos que podían conocerlo eran los contratistas que ya trabajaban con la Delegación. En la actos, eso favorecía siempre a las mismas empresas, que partían con delantera en las licitaciones y mantenían su posición privilegiada.
Lo que Gómez-Obregón señaló era tan simple como moribundo: si una compañía desconoce los fundamentos técnicos exigidos, no puede competir en igualdad de condiciones. Y si esos fundamentos no se publican, se rompen los principios de transparencia y emancipado concurrencia que establece la Ley de Contratos del Sector Divulgado.
El proselitista decidió hacer conocido lo que estaba ocurriendo: a través de mensajes en su cuenta de X denunció que el Gobierno regional estaba actuando de forma opaca... y sus publicaciones lograron alcanzar una gran repercusión mediática en medios regionales de Cantabria.
El asunto llegó al Parlamento de Cantabria, provocó la intervención de la consejera de Presidencia y desembocó en la aprobación de una proposición no de ley presentada por un montón de la competición.
Finalmente, el framework fue publicado oficialmente, permitiendo a cualquier desarrollador o empresa conocer su contenido. Se había acabado que el mercado fuera más libre y las reglas más justas.
La trofeo de la transparencia parecía completa... pero la historia no había rematado ahí.
El contratista tecnológico más directamente afectado por la publicación —el que hasta entonces se había beneficiario del secretismo— interpuso una querella por injurias contra Gómez-Obregón. Le reclamaba 50.000 euros y le exigía una retractación pública en la que debía rastrear que había mentido.
El proselitista se negó (al fin y al límite, era fácilmente comprobable si el software estaba o no arreglado públicamente), lo que condujo a que la querella fuera presentada en presencia de el Magistratura de Instrucción nº 4 de Santander. En su automóvil, el árbitro inadmitió de plano la denuncia, desmontando uno a uno los argumentos de la empresa querellante.
En su resolución, el magistrado fue persuasivo: las publicaciones de Gómez-Obregón no contenían insultos, no identificaban directamente a la empresa querellante y se enmarcaban en un debate político lícito sobre la transparencia en la contratación pública:
"El asunto afecta a la encargo de un gobierno regional, y constituye una crítica política imprescindible en un Estado tolerante".
El árbitro calificó la pretensión de la empresa de "valentísimo dislate", y recordó que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconocen que, en asuntos de interés normal, la arbitrio de expresión prevalece sobre el derecho al honor ileso en casos de insultos o acusaciones falsas.
El caso se enmarca en lo que en el ámbito europeo se conoce como SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), o demandas estratégicas contra la billete pública: acciones judiciales que no buscan tanto triunfar un caso como intimidar a quien fiscaliza al poder, obligándole a pagar tiempo, efectivo y energía en su defensa.
Y es que, aunque Gómez-Obregón ganó, el proceso fue en sí mismo una forma de castigo: meses de incertidumbre, costes personales y el desgaste de enfrentarse a una querella penal.
Este tipo de litigios preocupa cada vez más en Europa. La Comisión Europea ha despabilado que las SLAPP constituyen una amenaza directa a la arbitrio de prensa y al acción directa cívico, y ha instado a los Estados miembros a establecer mecanismos de protección frente a estos abusos.
Más allá del proceso procesal, el caso nos deja tres lecciones esenciales:
Vía | Hay Derecho
Imagen | Marcos Merino mediante IA
En Genbeta | Certificados de la FNMT caducados desde 2024 y webs con fallos. A veces lo conocido no se distingue correctamente de las estafas
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