El Supremo fuerza al Gobierno a desvelar los algoritmos que usa para repartir ayudas. Se había negado alegando motivos de "copyright"

El Tribunal Supremo gachupin dictó ayer una sentencia que puede marcar un antaño y un posteriormente en la transparencia de las administraciones públicas: el defecto obliga al Gobierno a entregar el código fuente de BOSCO, la aplicación que decide quién accede —y quién no— al bono social eléctrico, tras una larga batalla contencioso iniciada por Civio, una fundación sin humor de utilidad que lleva desde 2012 luchando por la transparencia institucional y el camino a la información pública.

La delegación de esta fundación se sostén en que los ciudadanos puedan fiscalizar y entender cómo se ejerce el poder. Para ello, en esta era de algoritmos, es fundamental la "transparencia algorítmica"... y el caso de BOSCO es un ejemplo paradigmático de ello.

BOSCO: un cálculo que decide derechos

BOSCO es el software que emplea la Sucursal para osar automáticamente si un hogar cumple o no con los requisitos del bono social eléctrico, una ayuda que reduce la cuenta de la luz a personas y familias vulnerables. El problema es que BOSCO no ofrece explicaciones sobre sus resoluciones: simplemente aprueba o deniega la solicitud.

Así, si el software contiene errores, estos se replican masivamente, afectando a miles de ciudadanos en su derecho a cobrar una ayuda básica. De ahí que Civio viniera reclamando desde 2018 (sí, siete primaveras ya) camino al código fuente, convencida de que el funcionamiento interno de un cálculo que decide sobre derechos fundamentales debe ser sabido y escrutable.

Siete primaveras de lucha en los tribunales

La batalla ha sido larga y accidentada:

• 2018: Civio pidió formalmente el camino al código fuente de BOSCO. El Ocupación para la Transición Ecológica 'respondió' con silencio chupatintas.
• 2019: El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno concedió parcialmente la petición, pero negó el camino al código alegando "propiedad intelectual".
• 2021 y 2024: tanto un judicatura de lo contencioso-administrativo como la Audiencia Doméstico rechazaron los capital de Civio, reforzando los argumentos de opacidad en nombre de la seguridad franquista.
• 2025: el Supremo admite el medio de casación y, finalmente, da la razón a Civio, estableciendo derecho.

Las excusas del Gobierno

Hace poco más de un año os contábamos cómo el informe pulido por el propio Gobierno para negarse a ingresar a las peticiones de Civio afirmaba, por ejemplo, que difundir el código de BOSCO permitiría a los periodistas atacar los sistemas informáticos de la Sucursal, u usarlo para socavar criptomonedas. Así lo contaba Civio:

"Adicionalmente, alega que podríamos utilizar la imagen del Ocupación para estafas como el phishing (sí, la misma imagen que está en todas sus páginas web), extorsiones o chantajes. Y ingresar a todas las bases de datos que utiliza, como las de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social (cuando -obviamente- el código no contiene las credenciales que usa BOSCO para ingresar a esos sistemas)".

"Pero hay más: la documentación apto sobre BOSCO aclara que el software no accede de forma directa, por ejemplo, a los datos de la Agencia Tributaria para comprobar el nivel de renta del solicitante. Para eso está la Plataforma de Intermediación, que ofrece un servicio que encapsula este paso y que está coto a unos determinados certificados digitales aprobados por la dependencia".

Lo dicho, excusas obvias para cualquiera con un intrascendente de conocimientos de informática, cuyos autores aparentemente confiaban en que los jueces del Supremo carecieran de los mismos.

Los argumentos del Supremo

El defecto del Tribunal Supremo va mucho más allá de BOSCO: sienta principios generales sobre la transparencia en la era digital. Entre sus puntos secreto destacan:

• El derecho de camino a la información es constitucional, inseparable de la democracia y de la fiscalización del poder sabido.
• La propiedad intelectual no puede estar de moda como excusa genérica para ocultar un software sabido, especialmente cuando este no es un acertadamente de mercado, sino una utensilio administrativa.
• Los riesgos de seguridad deben ponderarse caso a caso: destapar un código puede suponer vulnerabilidades, pero incluso puede mejorar la seguridad al permitir su auditoría independiente.
• En una "democracia digital", las administraciones tienen el deber de explicar de forma comprensible cómo funcionan los algoritmos que afectan a los ciudadanos.

Transparencia algorítmica como valencia demócrata

La sentencia subraya que evitar la opacidad en los algoritmos es esencial para predisponer arbitrariedades y sesgos discriminatorios. En otras palabras, los ciudadanos no pueden subsistir a merced de cajas negras que toman decisiones automáticas sin dar explicaciones.

Este principio, recogido ya en la estatuto europea y en resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se refuerza ahora en la derecho española. Y lo hace en un momento en el que los algoritmos gestionan cada vez más ámbitos: ayudas sociales, camino a servicios, trámite sanitaria, educación o incluso equidad.

Aunque la sentencia se refiere al caso concreto de BOSCO, su efecto es mucho anciano: cualquier aplicación o cálculo empleado por las administraciones públicas para conceder, negar o dirigir derechos deberá ser transparente.

De este modo, se abre un camino en dirección a un nuevo prototipo en el que la tecnología pública no puede ser opaca, porque afecta directamente a la vida de las personas. La transparencia algorítmica deja de ser una aspiración para convertirse en una exigencia jurídica.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Tocar los algoritmos no solucionará los tres grandes problemas de las redes sociales: es su naturaleza, según estos investigadores