el nuevo registro horario llega con menos multas y la puerta abierta al papel

Tras el revés parlamentario que se vivió hace tan pronto como 24 horas que tumbó la reducción de etapa sindical aprobada por el Gobierno, el Ocupación de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha reaccionado con celeridad lanzando a consulta pública un real decreto para reformar el control horario. Poco que se incluía en el tesina de ley que no ha terminado de salir delante próximo a un control más intensivo del derecho a la desconexión digital. 

Nueva norma. En un principio, el Ocupación de Trabajo había propuesto en el texto flamante multas de hasta 10.000 euros por empleado en el caso de que se permitiera hacer horas extra sin pagarlas. Pero finalmente han tenido que ser mucho más laxos en la nueva norma propuesta que ha desencantado a los sindicatos. 

El nuevo texto, que posiblemente estuviera despierto antiguamente del 'no' del Congreso, supone una descuento considerable respecto a las ambiciones iniciales pactadas con los sindicatos por parte del Gobierno. Dos son los cambios fundamentales que han desatado la polémica: la desaparición del endurecimiento de las sanciones actuales y la doble sentido en la obligación de que el registro sea digital e interoperable. 

Adiós a las altas multas. Uno de los principales principios disuasorios del plan flamante era el aumento de las multas a las empresas infractoras que no pagaran las horas extras de sus trabajadores. Ahora mismo, estas sanciones se ubican en los 7.500 euros, pero la norma marcaba 10.000 euros por trabajador. 

Esta medida ha desaparecido del trapo del auténtico decreto, ya que, según se ha informado, no puede modificarse por esta vía y requeriría un cambio en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS). Poco que supuestamente se debería tramitar con un tesina de ley. 

Más doble sentido. Pero la longevo controversia se encuentra en la redacción del texto. Mientras que el acuerdo auténtico con los sindicatos establecía de forma clara que "la empresa mantendrá un registro diario de etapa, realizado por medios digitales", el nuevo trapo utiliza un lengua condicional que deja la puerta abierta a seguir utilizando el papel. El texto indica que "ello podría determinar la posibilidad de requerir que el registro sea electrónico".

Esta misma doble sentido se repite al departir de la interoperabilidad del sistema, es proponer, la capacidad de que la Inspección de Trabajo y los representantes de los trabajadores puedan aceptar a los datos en tiempo auténtico y de forma remota. El trapo señala que "en algunos casos" se "podría requerir del entrada electrónico interoperable". Esta equivocación de concreción ha sido interpretada por los sindicatos como un paso a espaldas en la lucha contra el fraude horario.

Desencanto. La reacción de los sindicatos no se ha hecho esperar. Tanto CCOO como UGT han mostrado su "frustración" y han preciso al Gobierno que incorpore la literalidad del acuerdo original. Advierten de que no aceptarán un texto que no garantice un control horario "objetivable, verificable en tiempo auténtico y, por supuesto, digital".

Por su parte, la patronal, representada por CEOE y Cepyme, con la inicial norma mostraban su concurso al considerar que la medida conlleva "importantes costes para las empresas", especialmente para las de beocio tamaño. Por otra parte, han expresado su preocupación por la seguridad de los datos y han solicitado que se incluya como causa de despido disciplinario la no cumplimentación o la realización irregular del registro por parte del trabajador.

Cuándo llegará. Como hemos comentado, esta norma ahora mismo se encuentra en una escalón de consulta pública a la dilación de las aportaciones que hagan los agentes sociales. Una vez finalizado este trámite deberá suceder por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos antiguamente de suceder por el Consejo de Ministros con el objetivo de que entre en vigor. Un trámite que puede aún demorarse varios meses. 

Imágenes | Congreso Oleksandr Pidvalnyi 

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