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En pleno siglo XXI, mientras gran parte del planeta vive irresoluto de las notificaciones de WhatsApp, los likes de Instagram o los vídeos virales de YouTube, en Turkmenistán la verdad es resulta irreconocible: allí, las redes sociales simplemente no existen. No porque sus habitantes no las conozcan —muchos han pabellón departir de ellas— sino porque están bloqueadas por orden del Estado.
El ataque a Internet en este país centroasiático es uno de los más limitados y lentos del mundo (Corea del Septentrión al beneficio, claro). Para muchos turcomanos, conectarse implica largas esperas, bloqueos constantes y la imposibilidad de usar las aplicaciones globales de correo y redes sociales.
Cuando cierto logra descargar un vídeo, se convierte en un pequeño acontecimiento comunitario: se reúne con amigos para verlo juntos, como si fuera un fisco compartido.
Para suplir la marcha de servicios globales, el gobierno ha desarrollado sus propias aplicaciones. Bizbarde, una suerte de WhatsApp oficial, y Belet Video, un clon controlado de YouTube, son las alternativas locales. Ambas funcionan bajo un férreo control estatal que filtra cualquier información que pueda mostrar aspectos no deseados del mundo exógeno, o del propio país.
Claro está, los medios de comunicación siquiera ofrecen un respiro: todos son estatales, dedicados a difundir propaganda y animar el culto a la personalidad de la comunidad gobernador, los Berdimuhamedov. Las antenas satelitales que en el pasado permitían discernir canales extranjeros han sido retiradas recurriendo a pretextos urbanísticos, reduciendo aún más las ventanas de los turcomanos en dirección a el exógeno.
Turkmenistán ocupa los últimos puestos en todos los índices internacionales de decisión de prensa y derechos humanos. Aquí, la censura en Internet no es un daño colateral, sino una política deliberada. Mientras en otros países los gobiernos temen las consecuencias de estrechar servicios masivos, en Turkmenistán se bloquea sin miramientos.
Prácticamente todos los servicios globales de comunicación —Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram, Signal, entre muchos otros— están prohibidos. Incluso se obliga a los ciudadanos a apalabrar sobre el Corán que no utilizarán VPNs, bajo amenaza de multas equivalentes a un salario mensual, según declaraciones a Radio Free Europe:
"Esperé un año y medio tras poseer rellenado todos los documentos necesarios y firmé formularios de solicitud pidiendo instalar WiFi en mi casa. Ahora dicen que debo apalabrar por el Corán que no usaré una VPN, pero nadie es accesible sin VPNs. No sé qué hacer".
Un estudio de 2022 reveló la existencia de más de 183.000 reglas de sitio y 122.000 dominios censurados, lo que convierte al país en uno de los más digitalmente herméticos del mundo.
El caso de Turkmenistán demuestra que la censura digital no solo puede ser una útil de control político, sino además una fuente de beneficio ilícito. Según denuncia el Proyecto Tor, el Unidad de Ciberseguridad —el organismo estatal responsable de estrechar páginas, controlar el tráfico y 'proteger' al país de influencias externas— opera un mercado paralelo en el que se vende, de modo ajuste, lo mismo que oficialmente prohíbe.
El mecanismo es tan perverso como productivo: los ciudadanos que desean ingresar a un Internet exento deben satisfacer sobornos o contratar "paquetes especiales" ofrecidos por agentes vinculados a las autoridades. Estas tarifas clandestinas varían según el nivel de ataque:
Este esquema convierte a los censores en auténticos traficantes digitales que han creado un maniquí de negocio basado en la represión: primero generan la falta bloqueando masivamente servicios, y luego se presentan como los únicos proveedores capaces de satisfacerla.
La paradoja es tal que herramientas gratuitas y seguras como Tor, que podrían permitir a los ciudadanos eludir la censura, son perseguidas con dureza precisamente porque representan una amenaza al negocio privado de los funcionarios. En otras palabras, no es solo un asunto de ideología o control político, sino de intereses económicos personales.
Este sistema tiene un profundo impacto en la vida cotidiana y en la estructura social del país: el aislamiento digital refuerza la desconexión de los turcomanos con el mundo exógeno y limita sus posibilidades educativas, culturales y económicas.
La descuido de ataque exento a la información no solo alimenta la propaganda oficial, sino que además rompe los vínculos de millones de ciudadanos con la diáspora turcomana, dispersa entre Turquía, Rusia y otros países. Así, la censura se convierte en un pertrechos para controlar no solo lo que los turcomanos ven, sino además con quién se comunican.
Cuanto peor es la experiencia digital del ciudadano popular, más rentable se vuelve el negocio clandestino de los funcionarios de ciberseguridad
Lo peor es que, en 2024, los turcomanos vivieron un episodio inesperado que muchos bautizaron como la "perdón digital" y, durante unos meses, las autoridades levantaron bloqueos masivos y permitieron el ataque a millones de direcciones IP previamente censuradas. De repente, los ciudadanos pudieron entrar a páginas de parte extranjeras, usar herramientas de despreocupación como Tor, e incluso conectarse a redes sociales globales que llevaban primaveras vedadas.
La notificación corrió de boca en boca. Jóvenes que nones habían probado WhatsApp pudieron trocar mensajes con familiares en el extranjero; otros redescubrieron plataformas como YouTube. Para la diáspora turcomana, que suele perseverar un vínculo frágil con sus familias en el interior del país, este respiro digital abrió una ventana de comunicación que parecía inverosímil.
Sin bloqueo, la ilusión fue efímera. En diciembre de ese mismo año, el gobierno reactivó los bloqueos, esta vez con una ferocidad longevo: se prohibieron rangos completos de direcciones IP, se restringieron servicios de correo y se intensificó la persecución contra quienes usaban VPNs. El espejismo de decisión digital se convirtió en frustración y miedo.
Lo más mono es que los analistas interpretaron esta breve comprensión no como un error o rostro de buena voluntad, sino como una logística calculada de manipulación. Al dar a probar a los ciudadanos un 'trocito' de Internet exento, se creó una expectativa de ataque que, una vez retirada, aumentó el deseo —y la disposición a satisfacer— para conseguir conexiones sin restricciones.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
En Genbeta | Nos venden la red Tor como protección de la privacidad online. Muchos no están nadie de acuerdo (y recuerdan que la creó el Pentágono)
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