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En el fútbol flamante, los conflictos ya no se juegan solamente en el dominio de coyuntura. La tecnología, la protección de derechos audiovisuales y los intereses económicos han generado un tablero donde cada movimiento puede provocar un seísmo institucional.
La dimisión de Chema Alonso como asesor del Comité Técnico de Árbitros (CTA) tan pronto como 17 días luego de su elección es un ejemplo paradigmático: muchas voces se han engreido para señalar la supuesta 'incompatibilidad' entre uno y otro cargos, en una polémica que tiene el control de los derechos audiovisuales como telón de fondo.
El 21 de julio de 2025, el CTA, presidido por Fran Soto, anunciaba la incorporación de Chema Alonso, ingeniero informático y ex Chief Digital Officer de Telefónica, como asesor foráneo en Innovación Tecnológica e Inteligencia Químico. Su tarea: implementar herramientas de IA en el arbitraje, asegurando el cumplimiento del AI Act europeo y del GDPR, así como precaver sesgos y errores en sistemas tecnológicos.
El fichaje no era beocio: Alonso es conocido como el “hacker de Telefónica” y durante su trayectoria había liderado proyectos de ciberseguridad y colaborado en estrategias contra la difusión no autorizada de material multimedia adyacente a LaLiga y operadores como Vodafone u Orange.
El 5 de agosto, Alonso anunciaba su fichaje como vicepresidente y director de Explicación Internacional de Cloudflare, empresa estadounidense de ciberseguridad y computación en la nubarrón. Este movimiento encendió todas las alarmas: LaLiga acusa a Cloudflare de proteger hasta el 50% de las webs que emiten fútbol pirata.
Cloudflare ha sido señalada por Javier Tebas, presidente de LaLiga, como un obstáculo en la lucha contra difusores no autorizados de retranmisiones deportivas, al ofrecer su tecnología para anonimizar sitios ilegales y oponerse a bloqueos masivos de IPs, alegando que afectan a webs legítimas. La compañía incluso ha recurrido al Tribunal Constitucional y a la Comisión Europea para frenar estas medidas.
La simultaneidad de cargos —asesor del CTA (organismo de la RFEF, rival de LaLiga) y parada directivo en una empresa enfrentada jurídicamente con LaLiga— generó un conflicto institucional de parada voltaje. Aunque Alonso alegó “motivos personales” para dejar el CTA, fuentes del sector señalan que se buscaba evitar una subida en el enfrentamiento entre RFEF y LaLiga.
Este caso se agrava por el contexto: los derechos audiovisuales de LaLiga para el periodo 2022-2027, valorados en 4.950 millones de euros y repartidos entre Telefónica y DAZN, son el principal ingreso de los clubes. La piratería, que LaLiga estima en pérdidas de 600-700 millones anuales, amenaza directamente esta fuente de financiación.
La marcha de Alonso deja en pausa el plan para modernizar el arbitraje gachupin mediante IA. Encima, se suma a la dimisión de Aitor Villate Martínez, principal de asistentes, ocurrida tan pronto como unos días ayer. Dos bajas secreto que han magullado al CTA ayer del inicio de la temporada, dejando vacantes en áreas críticas.
La errata de continuidad ha alimentado las críticas por improvisación en los nombramientos y por la desaparición de planificación estratégica en el organismo arbitral.
Estamos en un proscenio de creciente interdependencia entre tecnología y deporte profesional: LaLiga indagación deshumanizar el control sobre la distribución no autorizada de contenidos, mientras Cloudflare se opone a bloqueos masivos
Imagen | Marcos Merino mediante IA
En Genbeta | Javier Tebas señala a Cloudflare como cómplice de delitos, pero hasta su propio pupitre de abogados lo usa
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