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Cuando alguno fuego a tu puerta o te contacta por teléfono para hacerte preguntas del Instituto Franquista de Estadística (INE), es global pensar que reponer es opcional, un simple acto de cortesía... como el que podrías tener con cualquier encuestador de algún penetración privado.
Sin requisa, lo que muchos ciudadanos desconocen es que negarse a colaborar con una sondeo oficial del INE puede conllevar sanciones económicas. Sí, en España, negarse a participar en determinadas encuestas oficiales constituye una infracción administrativa.
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El Instituto Franquista de Estadística (INE) es un organismo notorio que depende del Servicio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Oficialmente, su función es elaborar estadísticas oficiales de interés común para el país (población, empleo, hacienda, industria, vivienda...). Estas estadísticas son fundamentales para tomar decisiones políticas, distribuir fondos, planificar infraestructuras y evaluar el impacto de determinadas medidas sociales y económicas.
Pero, paraara obtener estos datos, el INE no sólo recurre a registros administrativos, sino que incluso realiza encuestas a personas, hogares y empresas. Algunas de las más conocidas son:
Cualquier ciudadano o entidad requerido por el INE para participar en una sondeo oficial está legalmente obligado a colaborar. Esta billete debe ser completa, probado y entregada internamente del plazo estipulado. De no cumplirse estas condiciones, el organismo puede iniciar un expediente sancionador.
Según establece la Ley 12/1989, de la Función Estadística Pública, que establece que los ciudadanos, entidades y empresas tienen el deber de colaborar con la elaboración de estadísticas oficiales. Concretamente, el artículo 10 de dicha ley señala que
"Las personas físicas y jurídicas estarán obligadas a suministrar, con fiabilidad, los datos que les sean requeridos para la elaboración de estadísticas para fines estatales".
Esto implica que si el INE selecciona aleatoriamente tu vivienda o empresa como parte de una muestra estadística, estás legalmente obligado a reponer.

No todas las encuestas realizadas en España son obligatorias, pero sí lo son aquellas incluidas en el Plan Estadístico Franquista (PEN), consentido por el Gobierno y publicado en el BOE cada cuatro primaveras. El PEN incluye un catálogo de operaciones estadísticas obligatorias para ciudadanos y empresas.
Por consiguiente, si un encuestador indica que la sondeo forma parte del PEN y ha sido aprobada como estadística oficial, se proxenetismo de una obligación lícito.
Adicionalmente, si tienes dudas sobre si una sondeo es auténtica o no, puedes verificarlo en la web oficial del INE, donde se ofrece información sobre las encuestas en curso, su metodología y personal acreditado.
La negativa a participar, o hacerlo de forma falsa o incompleta, puede ser sancionada con una multa administrativa, incluso si, en la experiencia, el INE suele aplicar primero advertencias, y rara vez impone sanciones elevadas en primera instancia.
La ley clasifica las infracciones en tres categorías:
La paquete más inscripción: a pesar del ganancia lícito de hasta 30.000 euros, la paquete individual más elevada registrada en los últimos diez primaveras ha sido de 2.100 euros, impuesta en 2022.
Detalle extraordinario: el precio de las multas se estableció originalmente en pesetas, y aunque no ha sido actualizado a euros, el situación sigue plenamente vivo.
Desde 2015 hasta 2019, el número de sanciones fue creciendo, desde 16.729 hasta un mayor de 20.193. Sin requisa, la pandemia de COVID-19 en 2020 provocó una musculoso caída hasta las 14.550 multas, conveniente a las restricciones y dificultades logísticas. En los primaveras posteriores, las cifras se han estabilizado, aunque 2024 marcó el intrascendente histórico de la período, con solo 12.711 sanciones.
En paralelo, los ingresos por multas han mostrado una tendencia fluctuante. El punto culminante se registró en 2019, con casi 3,9 millones de euros recaudados. En contraste, el año de beocio cuestación fue 2017, con 1,6 millones.

Una preocupación global al tomar encuestas oficiales es la confidencialidad de la información. El INE está obligado por ley a certificar el anonimato y la protección de los datos personales:
Vía | The Objective
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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