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En los últimos abriles, gobiernos de todo el mundo han venido impulsando leyes para vincular a los portales web de pornografía a probar la existencia de sus usuarios. A primera apariencia, estas medidas parecen razonables, pues evitan que los menores accedan a pornografía.
Sin retención, hay quien cree que detrás de esta premisa se esconde un debate mucho más arduo, en el que no está todo tan claro. Entre ellos se encuentran los responsables de los propios portales de contenido adulto, que en algunos casos han empezado a enlazar en la portada de los mismos una carta abierta titulada "La estafa de la verificación de edad".
Por supuesto, ellos mismos no dejan de ser parte interesada (y muy poco aséptico) en el debate. Sin retención, resultan de interés algunos de los argumentos que enarbolan en dicho documento para señalar ciertas debilidades e incoherencias en la postura sostenida por las autoridades.
La carta abierta, habitable al obtener a Xvideos (sin ninguna relación con 'X.com')
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La comprobación de existencia consiste en exigir a los usuarios que demuestren que son mayores de existencia antaño de obtener a contenido restringido. Para ello, se utilizan diversos métodos, como:
Aunque estas técnicas varían según la fuero de cada país (aquí en España disponemos del llamado 'pajaporte', que pese a no activo sido aún implementado parece ser ya una narración para la UE) todas comparten un objetivo global: impedir que los menores accedan a contenido para adultos.
Según las plataformas afectadas—, la comprobación de existencia no solo es ineficaz en su objetivo concreto, sino que genera pertenencias contraproducentes. Los principales argumentos en contra incluyen:
Los usuarios siguen pudiendo obtener a contenido adulto usando buscadores como Google o redes sociales como X. Hilván búsquedas rápidas de términos aceptablemente sencillos (nombres en inglés de prácticas sexuales y/o de intérpretes de cine X) para encontrarlo: no hacen descuido conocimientos propios de un hacker, ni acogerse a proxies web, VPNs o a la red oscura.
Continuando con esa argumentación, resulta inexplicable que se exija implementar la comprobación de existencia solamente a algunos grandes sitios XXX, pero no a grandes plataformas teóricamente 'para todos los públicos', como las antaño mencionadas, donde todavía circula pornografía. Esta aplicación desigual pone en duda, según la industria para adultos, la verdadera motivación de la legislatura.
La misma búsqueda de material pornográfico, tal como se muestra a cualquier afortunado en Google y en X, respectivamente
Requerir a los usuarios que compartan documentos o datos biométricos crea altos riesgos de filtraciones y ciberataques, lo que podría exponer la identidad de personas adultas que simplemente desean consumir contenido constitucional. Ya sabemos que las autoridades no son especialmente fiables a la hora de preservar nuestros datos.
Se estima que más del 90% de los usuarios abandonan los sitios que les piden comprobación. Esto, denuncia la industria, afecta desproporcionadamente a las plataformas más grandes y reguladas, y beneficia a sitios piratas o inseguros que operan al beneficio de la ley.
El documento todavía señala cómo la implementación forzada de la comprobación de existencia amenaza con colapsar la industria del contenido adulto regalado, que se basamento en grandes volúmenes de tráfico y monetización indirecta.
Al hacer más difícil el comunicación a sitios seguros y moderados (aceptablemente es cierto que a menudo han fallado en dicha tarea), los usuarios podrían portar a espacios no regulados, con más peligro de encontrarse con contenido ilegal o nocivo. Se consigue, así, el objetivo contrario al teóricamente buscado.
La carta abierta en cuestión concluye que el discurso de protección de la infancia es un pretexto para una persecución contra la industria de la pornografía. Entre los indicios citados:
La industria recuerda que tanto las empresas tecnológicas como los expertos en privacidad han sugerido medidas más eficaces y menos invasivas:
Estas estrategias tienen en global el hecho de que trasladan la responsabilidad del filtrado a quienes tienen contacto directo con los menores, sin invadir la privacidad de toda la sociedad.
El Reino Unido fue uno de los primeros países occidentales en intentar una ley doméstico de comprobación de existencia para contenido adulto, comenzando en 2015 con la Digital Economy Act. Sin retención, el intento llamativo fue descuidado en 2019, tras convenir que:
A pesar de ello, el país resucitó la medida en 2023 bajo un nuevo ámbito: la Online Safety Act, que integra la AV interiormente de un enfoque más amplio de regulación de plataformas. Esta nueva fuero entrará en vigor este mismo mes.
La fuero francesa ha sido calificada como la peor implementación posible de AV, tanto por su enfoque técnico como por su carga ideológica. Desde 2020, el país ha impulsado medidas cada vez más restrictivas, muchas de ellas aplicadas sin directrices claras ni plazos razonables.
El organismo regulador ARCOM exige comprobación en cada recepción, multiplicando los costos operativos para las plataformas. Encima, se prohíbe el uso de tarjetas de crédito como método de comprobación, pese a su utilidad comprobada.
Otra característica polémica es que se promete un sistema de "doble anonimato", pero en la experiencia los proveedores de AV saben a qué sitio se está accediendo.
El resultado ha sido un entorno regulatorio hostil y caótico, que llevó a empresas como Pornhub a retirarse completamente del mercado francés.
A nivel comunitario, la UE ha recogido el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), que impone a las grandes plataformas (VLOPs) la obligación de mitigar "riesgos sistémicos", incluidos los relacionados con menores Aunque esto parece moderado en teoría, en la experiencia ha sido utilizado como armas regulatoria ambigua:
Esto ha provocado una percepción de doble rasera, donde las plataformas impopulares o estigmatizadas se convierten en chivos expiatorios para representar que se están tomando medidas.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
En Genbeta | "Millones de personas inocentes serán acusadas cada día": una norma anti-pornografía pueril de la UE ampara la vigilancia masiva
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